Procuraduría negó haber avalado contrato del Buque Hospital del Amazonas, tras denuncias por presiones indebidas

En medio del creciente interés público por el contrato del Buque Hospital que operará en los ríos del Amazonas y Putumayo, la Procuraduría General de la Nación aclaró su papel frente al proyecto y reiteró que su intervención obedeció exclusivamente a su función preventiva.

La declaración llega tras haberse formalizado el contrato interadministrativo No. 827 de 2025 con Coctemar, luego de varias mesas de trabajo convocadas por la Procuraduría con actores clave como el Ministerio de Salud, la Armada Nacional y la ESE de Leticia.

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En un comunicado oficial, la Procuraduría dejó claro que su participación en el proceso de contratación no implicó aval ni respaldo a las decisiones tomadas por las entidades involucradas.

“La actuación fue hecha dentro del ejercicio de su función preventiva; mediante un análisis técnico, jurídico y financiero del proceso, sin intervenir ni avalar decisiones administrativas o contractuales”, señaló el organismo de control, al respecto del convenio de más de 55.000 millones de pesos, y después de denuncias sobre posibles presiones indebidas para la firma del mismo.

El proyecto del Buque Hospital, según lo establecido, contempla la construcción de una infraestructura tipo Caps Fluvial que contará con quirófanos, consultorios médicos, zona de vacunación, laboratorio clínico, áreas de hospitalización básica, imagenología y atención odontológica. Su diseño está adaptado para navegar en aguas de bajo calado (1,2 metros) y tendrá una autonomía de hasta 20 días, lo que permitirá su operación en zonas remotas del Amazonas y el Putumayo.

La tripulación estará compuesta por 13 personas, más un equipo de 24 profesionales de la salud.

Investigaciones en curso por presuntas presiones indebidas

El 8 de abril, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar por presuntas presiones indebidas a funcionarios con el fin de favorecer la firma del contrato. El organismo explicó que esta investigación se adelanta de manera autónoma, sin interferir en el componente preventivo que ha venido ejecutando.

“La Procuraduría reitera que no respalda ni valida actos administrativos; su actuación se hace bajo principios de objetividad, independencia, con respeto y apego a la ley”, indicó el Ministerio Público, recordando que su función es garantizar la legalidad y la eficiencia de los procesos públicos, sin suplantar las competencias de otras autoridades.

El Ministerio de Salud, por su parte, confirmó el 2 de mayo el avance significativo en la puesta en marcha del Buque Hospital. En un comunicado, la cartera destacó que este avance fue posible gracias al acompañamiento y seguimiento riguroso de la Procuraduría, que ayudó a superar más de un año de aparentes trabas internas.

“El contrato fue formalizado el pasado 30 de abril de 2025, después de que la Procuraduría revisara el caso y ejerciera un seguimiento riguroso ante la evidente negligencia e inoperancia de algunos funcionarios que venían retrasando el proceso desde hace más de un año”, puntualizó el Ministerio.

Según esa entidad, el Hospital San Rafael de Leticia incurrió en constantes demoras para avanzar en la contratación, lo que generó un riesgo real de detrimento patrimonial y sobrecostos. Estas irregularidades motivaron la actuación preventiva de la Procuraduría, que buscó destrabar el proyecto y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

La cartera de salud también afirmó que las “dilaciones injustificadas” por parte de la ESE de Leticia habrían bloqueado durante meses la ejecución del proyecto, a pesar de su importancia para la población amazónica. La llegada del Buque Hospital representa una solución crítica para garantizar el acceso a servicios médicos en una región donde la conectividad terrestre es limitada y los recursos hospitalarios son escasos.

Con el contrato ya firmado y en ejecución, se espera que el Buque Hospital lleve atención médica integral a comunidades vulnerables a lo largo de los ríos Amazonas y Putumayo. El proyecto no solo busca mejorar la cobertura en salud, sino también reducir las brechas territoriales en el acceso a servicios básicos.