La Procuraduría General recibió una queja disciplinaria en contra de la canciller Laura Sarabia, quien, presuntamente, habría utilizado los recursos, instalaciones y equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores con fines que no corresponden estrictamente a su cargo.
La denuncia, que fue presentada el 2 de mayo de 2025 por la abogada Inés Elena Camargo, solicita que se inicie una investigación formal para determinar si Sarabia incurrió en una falta gravísima, señalando el posible uso indebido de recursos públicos para tratar un asunto personal.
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El caso hace alusión a una rueda de prensa organizada por Sarabia el pasado 30 de abril, en la que, además de informar sobre los resultados de su agenda en el aniversario de la Alianza del Pacífico, abordó un tema relacionado con su disputa judicial con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La abogada Camargo destacó que la canciller habría utilizado elementos oficiales del ministerio, como el atril y otros recursos, para referirse a este caso en términos personales. Según el documento presentado ante la Procuraduría, sus acciones constituyen un claro abuso de poder y desvío de recursos públicos para fines privados:
“Una vez ya iniciada la rueda de prensa, la ministra, en primer lugar, dedicó un tiempo a dar declaraciones públicas en relación con un tema estrictamente privado y personal, alegando que por el hecho de que ella fuese un agente gubernamental no perdía su derecho a la defensa y expuso a los comunicadores presentes todos sus planes personales e iniciativas tendientes a llevar felizmente a cabo esta actividad privada, relacionada con actuaciones judiciales que solamente a ella le competen en su condición de persona natural, no con su calidad de funcionaria pública, y que no tienen ninguna relación con sus funciones legales y reglamentarias”.
Y agregó: “Las actividades descritas se han llevado a cabo en jornada laboral ordinaria, lo que implica una utilización indebida del tiempo de servicio, desnaturalizando la función pública. Las declaraciones sobre su actividad privada se hicieron previamente a entrar en el tema central de la rueda de prensa, de manera libre y espontánea, sin apremio alguno. Es decir, de manera deliberada, planificada y calculando sus efectos”.
Durante la rueda de prensa, Sarabia defendió sus declaraciones asegurando que no se trataba de un asunto privado, sino de una cuestión de justicia y coherencia con su actuar. “La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia. Y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo”, manifestó la canciller.
En la ponencia se observó a colaboradores de Sarabia portando siete carpetas con documentos dirigidos a la Fiscalía General, rotuladas como “Caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos.” Las carpetas fueron utilizadas como evidencia para reforzar las declaraciones de la canciller en torno al caso judicial que enfrenta el ministro del Interior.
Sin embargo, Camargo sostuvo que “las actividades descritas se han llevado a cabo en jornada laboral ordinaria, lo que implica una utilización indebida del tiempo de servicio, desnaturalizando la función pública. Las declaraciones sobre su actividad privada se hicieron previamente a entrar en el tema central de la rueda de prensa, de manera libre y espontánea, sin apremio alguno. Es decir, de manera deliberada, planificada y calculando sus efectos”.
El recurso disciplinario solicita a la Procuraduría General, actualmente liderada por Gregorio Eljach, que admita la queja, ordene una investigación disciplinaria y practique pruebas que permitan determinar la existencia de dolo en las acciones de Sarabia. En dicho contexto, Camargo enfatizó la necesidad de investigar si los actos de la canciller representan un desvío de sus funciones según lo establecido en el marco legal aplicable.
Aunque Sarabia justificó su posición argumentando la transparencia de sus acciones, las críticas hacia el aparente uso de recursos públicos para asuntos que no serían parte de su agenda oficial podrían derivar en consecuencias significativas si se comprueba alguna responsabilidad.
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