Un estudio reciente liderado por la profesora titular de la Universidad de los Andes Marcela Eslava puso en el centro del debate la sostenibilidad del actual sistema de estratificación social en Colombia, en especial, por el impacto en la distribución de subsidios. Según esta investigación, más del 90% de los hogares en el país están clasificados en estratos subsidiados, lo que complica la viabilidad financiera del modelo.
El hecho, combinado con deudas crecientes en sectores como el de energía, desencadenó llamados urgentes para hacer una reforma estructural que permita una mejor focalización de los recursos.
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La implementación original del sistema de estratos buscaba categorizar a la población en grupos que necesitaran o pudieran aportar a los subsidios. Sin embargo, Eslava cuestiona la eficacia de este mecanismo en la actualidad.
“Hoy Colombia cuenta con una herramienta que permitiría hacer una mejor focalización, que es el sistema de puntajes de Sisbén. Aunque por supuesto imperfecto, es una mucho mejor herramienta de focalización”, afirmó a Portafolio. La académica resaltó que el error ha sido extender los subsidios más allá de lo sostenible, lo que los amplía a sectores de la población que no necesariamente requieren ese beneficio.
Deudas acumuladas del Gobierno
Los problemas de subsidio no se limitan al nivel conceptual. Las empresas de energía eléctricas enfrentan una situación financiera crítica por deudas acumuladas con el Gobierno, que hasta marzo de 2025 alcanzaban los $7,6 billones.
De este monto, $2,9 billones corresponden a subsidios. Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, explicó que, a pesar de compromisos recientes del Gobierno para hacer pagos, los avances son limitados.
“Se habló también de entregar unos certificados que se pueden negociar en el mercado financiero. Habrá que esperar porque son $400.000 millones, pero el reporte que tengo de las empresas es que han recibido cerca de $120.000 millones o $130.000 millones”, comentó Manzur.
La precariedad financiera y la falta de fondos para cubrir subsidios derivaron en deudas impagas hacia empresas como la Electrificadora del Meta (Emsa). La compañía envió una carta al Ministerio de Minas y Energía en la que reclamó un giro pendiente de $22.414 millones, parte de una deuda más amplia de $74.606 millones. Según señaló el gerente ejecutivo de Emsa, Edwin David Guzmán, la transferencia es urgente para contrarrestar la crisis financiera que enfrenta la entidad.
“Hacemos un llamado urgente de poder apoyarnos con una transferencia importante de recursos”, se lee en la comunicación enviada al ministro Edwin Palma.
Reforma integral
Más allá del impacto inmediato en las empresas distribuidoras, el deterioro del sistema actual de subsidios amenaza con efectos a mayor escala. Asocodis propuso una reforma integral del modelo de estratificación como una vía para mejorar la focalización de los subsidios.
Una de las críticas centrales al sistema vigente es que la asignación de beneficios con base en la estratificación presenta serios problemas de precisión, dado que “varias personas están recibiendo subsidios sin estar en condiciones de vulnerabilidad”, según afirmó Manzur.
En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) planteó la posibilidad de reemplazar el Sisbén por el Registro Único de Ingresos (RUI), aunque la implementación aún está en fase de análisis.
Manzur señaló que la propuesta del gremio es que este nuevo sistema considere el estrato socioeconómico y también el ingreso individual, el grado de vulnerabilidad y el nivel de consumo energético. Un ejemplo citado fue el de usuarios de estrato uno con altos consumos de electricidad que no necesariamente viven en condiciones de pobreza. Según el director de Asocodis, ajustar estos parámetros mediante un proceso gradual implicaría “ahorros importantes en el déficit de subsidio”.
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