La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó la suspensión de las actividades de una planta de concreto móvil instalada sobre una barcaza en el marco del proyecto Puerto Antioquia, ubicado en Turbo, en la región de Urabá, Antioquia.
De acuerdo con la autoridad, la operación de la planta se estaba realizando en zonas fluviales y marítimas sin los permisos ambientales necesarios, lo que derivó en una medida preventiva y en la apertura de un proceso sancionatorio contra la empresa responsable del proyecto, Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., según informó esta semana la Anla en un comunicado.
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La entidad explicó que la suspensión no implica detener por completo el megaproyecto portuario, sino que afecta específicamente las actividades que exceden los permisos ambientales otorgados.
“Para el levantamiento de esta suspensión, la empresa deberá retirar de forma definitiva la planta de concretos móvil instalada sobre barcaza o presentar una solicitud de modificación de la licencia ambiental vigente”, precisó el organismo en su resolución. Este tipo de iniciativas en Puerto Antioquia, concebido como un terminal portuario multipropósito, han sido objeto de seguimiento atento por la Anla, debido a intervenciones previas que han suscitado preocupación en el área.
Mediante el Auto 3118, emitido el 29 de abril de 2025, la Anla inició también un proceso sancionatorio contra la sociedad a cargo del proyecto por “presuntas intervenciones no autorizadas en el predio Capitán Quintero y en el cauce del río León”, como se detalla dentro de la resolución. Estas infracciones se suman a hallazgos realizados por el mismo organismo desde el 2024, cuando inspecciones de campo identificaron irregularidades en la ejecución de ciertas obras.
Reacciones del presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia
El proyecto, que busca posicionarse como una infraestructura clave para la actividad portuaria en la región, ha sido objeto de tensiones políticas y cuestionamientos. Apenas unos días antes del anuncio de esta suspensión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, intercambió mensajes públicos con el presidente Gustavo Petro en torno a los permisos y condiciones del proyecto.
En redes sociales, Petro pidió garantizar “todos los requisitos de tipo ambiental y social”, un comentario que fue interpretado por Rendón como una crítica innecesaria a las gestiones locales. “¿No le gusta que a Antioquia le vaya bien?”, respondió el gobernador, señalando que el control sobre los aspectos ambientales es responsabilidad de la Anla, una entidad que depende directamente del Gobierno Nacional.
Este enfrentamiento político no es el único conflicto al que se enfrenta el Puerto Antioquia. La Corporación Intergremial de Urabá, una organización que agrupa a diversos sectores empresariales de la región, aseguró en un comunicado que el proyecto se está viendo afectado por “intereses políticos corruptos”, lo que, según ellos, estaría frenando el desarrollo de la infraestructura clave para la zona.
En el transcurso del último año, la Anla había levantado parcialmente otras medidas preventivas impuestas al proyecto tras la aprobación de ciertas condiciones.
En febrero de este año se acreditó parcialmente el levantamiento de medidas restrictivas, aunque permanecen en pie algunas limitaciones respecto al embarcadero de personal y el área de lanzamiento de pilotes en la margen derecha del río León. Estas restricciones han permitido que el proyecto avance, pero con procedimientos aún bajo observación y pendientes por subsanar.
El papel de la Anla ha sido clave para garantizar que las operaciones cumplan con los estándares estipulados. Aunque el caso de la planta de concreto móvil destaca las dificultades que enfrenta un megaproyecto de esta magnitud al operar en una región ambientalmente delicada. Según informó la entidad, la empresa responsable deberá decidir entre retirar de manera definitiva la infraestructura no autorizada o solicitar una modificación formal de la licencia correspondiente.
Puerto Antioquia se ha presentado como una obra estratégica para dinamizar la economía regional y fortalecer los vínculos comerciales de Colombia con mercados internacionales. Sin embargo, las decisiones tomadas por la Anla refuerzan la necesidad de equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
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