La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió a las crecientes preocupaciones expresadas por el exsenador Juan Manuel Galán sobre la posible suspensión de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, afirmando que un cese total de esta colaboración tendría efectos “graves y significativos” en el sistema de justicia colombiano.
Buitrago subrayó la importancia crítica de esta alianza, particularmente en áreas como el desarrollo del banco de ADN para la identificación de agresores sexuales, de acuerdo con W Radio.
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Según explicó la ministra, este proyecto —actualmente en discusión legislativa y liderado en el Congreso por el senador Humberto de la Calle— ha avanzado significativamente con el respaldo técnico y logístico de Estados Unidos, especialmente en el suministro de materiales reactivos indispensables para las pruebas genéticas.
“Si la relación se cierra del todo, causaría grandes daños”, advirtió Buitrago, recalcando que estos reactivos requieren condiciones muy específicas de almacenamiento y transporte, lo cual dificulta su sustitución sin el apoyo adecuado.
El banco de ADN es una herramienta estratégica que, según Buitrago, busca fortalecer las capacidades de investigación criminal en Colombia y mejorar la respuesta del sistema judicial en casos como la violencia sexual, homicidios y desapariciones forzadas.
Aunque el país ya cuenta con una base de datos genética, la ministra aseguró que su regulación actual es limitada y que el nuevo marco legal propuesto pretende robustecer su aplicación.
En ese contexto, el respaldo estadounidense ha sido clave tanto en la implementación como en la transferencia de tecnología.
Además, la ministra destacó los avances que ha tenido el uso del ADN en el ámbito forense a nivel global. “Pasamos de una precisión del 60% en los años 80 a un 99% en la actualidad”, señaló.
Esta mejora ha permitido no solo identificar a los responsables de delitos graves, sino también exonerar a personas injustamente condenadas, lo que contribuye a una justicia más equitativa.
Frente al riesgo de que esta cooperación se vea interrumpida por recortes en la ayuda internacional, Buitrago admitió que existe incertidumbre.
No obstante, expresó su esperanza de que las relaciones se normalicen y que se reconozca el valor de esta alianza estratégica tanto para Colombia como para los intereses globales de justicia y seguridad.
En sus declaraciones, la ministra también resaltó el trabajo coordinado que han llevado a cabo la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional en el desarrollo del proyecto de ley.
Estas instituciones han colaborado para garantizar que el banco de ADN pueda funcionar de forma eficiente y respetando los derechos fundamentales.
Según Buitrago, una base de datos robusta y actualizada permitiría acelerar los procesos judiciales, brindar respuestas más rápidas a las víctimas y garantizar decisiones basadas en evidencia científica.
A esta discusión se sumó el exsenador Juan Manuel Galán, quien expresó su preocupación por los efectos que tendría la suspensión de la cooperación judicial con Estados Unidos.
En conversación con La W, Galán calificó esta posible decisión como un “golpe significativo” al sistema de justicia colombiano, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.
“La cooperación judicial con EE. UU. ha sido esencial para avanzar en procesos relacionados con la criminalidad, y su interrupción podría tener consecuencias graves”, afirmó.
Galán vinculó esta situación con los cambios políticos en Estados Unidos, advirtiendo que un eventual regreso del expresidente Donald Trump al poder podría consolidar esta medida como una nueva realidad diplomática.
Según el exlegislador, esta cooperación ha trascendido distintos gobiernos y representa un interés nacional que debe preservarse independientemente del contexto político.
Aunque Galán coincidió con la ministra Buitrago en la necesidad de preservar esta alianza, sus declaraciones reflejaron una preocupación más enfocada en el impacto político y geoestratégico de la medida.
Por su parte, Buitrago hizo énfasis en las repercusiones técnicas y operativas que tendría el cese de la cooperación, insistiendo en que la pérdida de acceso a la tecnología y los reactivos especializados afectaría directamente el funcionamiento del sistema judicial.
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