La Gobernación de Antioquia y las fuerzas de seguridad intensificaron su presencia en el municipio de Anorí, ubicado en el nordeste del departamento, como respuesta a la creciente ola de violencia atribuida a grupos armados ilegales.
La decisión se tomó tras un consejo de seguridad encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, en el que se abordaron los recientes hechos de orden público que han alterado la tranquilidad de esta zona rural.
Durante su intervención en el consejo, el mandatario departamental expuso preocupaciones sobre el uso de tecnología avanzada por parte de las estructuras criminales que operan en la región. Según las autoridades, estos grupos estarían utilizando dispositivos antidrones para contrarrestar las operaciones aéreas de vigilancia y ataque de la fuerza pública.
Se trata de equipos sofisticados cuya adquisición, aseguran fuentes oficiales, sería posible gracias al fortalecimiento financiero de estas organizaciones, producto de sus actividades ilícitas.
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“Equipamientos sofisticados a los que solo se puede acceder por cuenta del gran dinero que han acumulado como consecuencia del robustecimiento de sus finanzas a través de la paz total. Las largas que le ha dado el gobierno nacional a estos criminales, pensando que son angelitos cuando están detrás de estas rentas y con el único propósito de generar terror en la población y por supuesto de afectar a las unidades militares y policiales”, señaló Rendón.
La situación en Anorí es crítica. En menos de una semana, se han registrado al menos diez homicidios vinculados a disputas entre organizaciones como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc. Las autoridades sostienen que estas estructuras han consolidado su presencia, especialmente en el corregimiento Charcón de Liberia, donde han incrementado su capacidad operativa y su capacidad para intimidar a la población civil.
Frente a este panorama, se determinó el despliegue adicional de efectivos de la Policía y del Ejército en la zona, acompañado de una intervención integral del Estado. Además del componente militar, se tiene previsto implementar programas sociales e institucionales para brindar alternativas a las comunidades afectadas por el conflicto armado.
El plan de intervención busca establecer en Charcón un modelo de acción estatal que combine seguridad, justicia y desarrollo social. Las autoridades departamentales insisten en que la consolidación de la paz pasa por el fortalecimiento del Estado en los territorios y no por acuerdos que puedan ser interpretados como concesiones al crimen.
“Ese corregimiento tiene que ser un laboratorio de lo que nosotros entendemos como paz, que no es algo que se consolida después de contemporizar con el crimen, ni arrodillar a toda una población ante los criminales, sino que se impone con la presencia del Estado, con la seguridad, con la justicia y, por supuesto, con las oportunidades sociales”, expuso.
El deterioro del orden público no se limita a Anorí. Otras subregiones del departamento, como el Norte y el Suroeste, también enfrentan situaciones preocupantes. En municipios como Briceño y Betulia, se han reportado patrullajes irregulares y actos de presión sobre la población civil por parte de disidentes armados. Además, los ataques del Clan del Golfo contra miembros de la fuerza pública han dejado al menos tres uniformados muertos y más de una veintena de heridos en distintos puntos del departamento.
Varios alcaldes locales han manifestado su inquietud ante lo que consideran un retroceso en materia de seguridad, pues aseguran que no se habían vivido situaciones de esta gravedad en las zonas urbanas desde hace años.
El panorama en Antioquia refleja el desafío persistente que enfrentan las autoridades en su intento por recuperar el control territorial en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y por las economías ilegales.
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