
Durante más de 20 años, un expediente dormía entre los archivos polvorientos del sistema judicial colombiano. Era la historia incompleta de dos hermanos campesinos del Cauca, arrancados de su hogar por un grupo armado ilegal, sometidos a tortura, obligados a cavar su propia tumba, y de los cuales solo uno vivió para contar el horror. Esa historia, marcada por el miedo, el abandono institucional y la impunidad, volvió a respirar justicia en los estrados judiciales. Después de más de dos décadas, Jesús María Rodríguez Arteaga, conocido como alias Paisa Patilla o Paisa Patillón, recibió una sentencia condenatoria.
La noche del 28 de enero de 2002 quedó marcada por el dolor para una familia rural en el municipio de Timbío, Cauca. Allí, una célula del Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpió en una finca, secuestró a dos hermanos y los condujo con violencia hasta la vereda Samboní. En ese lugar fueron víctimas de actos atroces marcados por el terror, la sevicia y una brutalidad que dejó cicatrices imborrables.
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“La investigación estableció que alias Paisa Patilla o Paisa Patillón hizo parte del grupo armado que ingresó a una finca, se llevó a dos hermanos a la fuerza y los trasladó a la vereda Samboní, donde fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, y obligados a cavar cuatro fosas. Uno de los hombres fue atacado con armas cortopunzantes y lanzado a uno de los huecos, el otro quedó herido y logró escapar del lugar”, señaló el ente acusador.
El sobreviviente vivió no solo con las secuelas físicas y emocionales de ese crimen, sino con la frustración de ver cómo los años pasaban y el caso no avanzaba. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación retomó el expediente, activó los mecanismos del anterior sistema procesal penal (Ley 600 de 2000), y avanzó en una causa que parecía enterrada. Durante varios meses de juicio, un fiscal especializado logró demostrar la responsabilidad directa de Rodríguez Arteaga, pese a que fue procesado como persona ausente y se mantuvo prófugo de la justicia durante todo ese tiempo.

“Las pruebas aportadas en juicio por la Fiscalía General de la Nación acreditaron la participación de Jesús María Rodríguez Arteaga, alias Paisa Patilla o Paisa Patillón, en los hechos violentos ocurridos el 28 de enero de 2002, en Timbío (Cauca), en los que una estructura del Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestró y torturó a dos hermanos campesinos, y le causó la muerte a uno de ellos”, dijo la Fiscalía.
La sentencia no solo representa un acto de justicia tardía, también una señal de que los crímenes de guerra no prescriben en la conciencia del país. “Un juez penal especializado condenó al exparamilitar a 37 años de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida tentado, secuestro simple, desaparición forzada y tortura en persona protegida”, advirtió el ente acusador.

Pero la condena no terminó ahí. Además de los 37 años de cárcel, el juez impuso una multa equivalente a 11.300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años, tanto en cargos de elección como en cualquier tipo de representación institucional o estatal. También se ordenó su inclusión en el registro nacional de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. La decisión judicial, al ser de primera instancia, aún permite que la defensa del exparamilitar interponga los recursos legales a los que tiene derecho, aunque las pruebas ya han dejado una marca indeleble sobre su responsabilidad penal, histórica y moral.
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