El Tribunal Administrativo de Cundinamarca puso fin a un polémico episodio que involucró la emisión de pasaportes diplomáticos a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y a su esposa, Beth Levy Bethel.
Los documentos fueron finalmente anulados siete meses después de que estallara el escándalo, gracias a una acción de cumplimiento presentada por el abogado Camilo Araque.
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Este caso, que generó fuertes críticas hacia el Gobierno, sienta un precedente sobre el uso indebido de privilegios diplomáticos.
De acuerdo con lo reportado, la controversia comenzó en abril de 2024, cuando se reveló que Juan Fernando Petro y su pareja habían recibido pasaportes diplomáticos sin cumplir con los requisitos legales para obtenerlos.
Aunque el tema generó un amplio rechazo público, no se tomaron medidas inmediatas para corregir la situación. Fue necesario que el abogado Camilo Araque interpusiera una acción de cumplimiento para que el caso llegara a los tribunales y se obligara a la Cancillería a actuar conforme a la normativa vigente.
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La Cancillería, al ser requerida por el Tribunal, informó que los pasaportes fueron cancelados el 4 de noviembre de 2024, bajo la causal de “falta de derecho del titular”, según lo estipulado en el artículo 16 de la Resolución núm. 6888 de 2021.
Sin embargo, esta acción solo se llevó a cabo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera, evidenciando un retraso significativo en la respuesta gubernamental frente a un caso que, según el abogado Araque, violaba el ordenamiento jurídico.
El abogado Camilo Araque, que lideró la acción de cumplimiento, explicó que esta herramienta legal busca garantizar que las autoridades públicas cumplan con la Constitución, las leyes y los actos administrativos.
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Araque argumentó que los pasaportes diplomáticos fueron otorgados “a dedo” por el presidente Petro a sus familiares y personas cercanas, lo que constituye un abuso de poder y un desconocimiento de las normas legales.
“La acción de cumplimiento busca que las autoridades públicas acaten lo que dice la Constitución, la ley y los actos administrativos. En este caso, se logró establecer a partir de los diferentes medios de comunicación que registraron el tema, que el presidente Petro dio a través de la Cancillería a dedo pasaportes diplomáticos a sus familiares y cercanos. Obviamente, eso desconoce por completo el ordenamiento jurídico y dio lugar a que ello iniciara una acción de alto impacto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, afirmó Camilo Araque a Semana.
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El caso no solo expone una posible irregularidad en la emisión de documentos diplomáticos, sino que pone en evidencia la falta de celeridad por parte del Gobierno para corregir el error. La Cancillería no actuó hasta que fue obligada por el Tribunal, lo que generó críticas sobre la gestión del caso y la transparencia en el manejo de privilegios diplomáticos.
Aunque la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida el pasado 10 de abril, resolvió la anulación de los pasaportes, el abogado Camilo Araque consideró que el fallo no abarcó todos los aspectos del caso.
Según explicó, no se realizó un análisis exhaustivo sobre la totalidad de los pasaportes diplomáticos emitidos durante el mandato del presidente Petro, ni se compulsaron copias a las autoridades competentes para investigar posibles responsabilidades administrativas o penales.
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El Camilo Araque anunció que impugnará la decisión ante el Consejo de Estado, con el objetivo de ampliar el alcance de la investigación y determinar si hubo otros casos similares de emisión irregular de pasaportes diplomáticos.
Según el abogado, es necesario que se evalúe si más personas cercanas al presidente se beneficiaron de esta práctica, lo que podría implicar un patrón de conducta abusiva por parte del Gobierno.
El caso de los pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro y su esposa no es el primer episodio que genera controversia en torno al hermano del presidente. El hermano del presidente Petro estuvo involucrado en otros temas polémicos, como su participación en diálogos con extraditables y su solicitud de un esquema de seguridad. Estos antecedentes contribuyeron a que su figura sea objeto de escrutinio público y mediático.
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La resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo cierra un capítulo en este caso específico, sino que envía un mensaje sobre la importancia de respetar las normas legales en la emisión de documentos oficiales.
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