La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de suspensión por nueve meses al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, tras identificar irregularidades en la implementación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2020.
Aunque actualmente no ocupa cargos públicos, la medida disciplinaria implica una sanción económica equivalente a $112 millones de pesos.
El fallo fue emitido en primera instancia por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, luego de establecer que entre el 27 de enero y el 11 de mayo de 2020, no se garantizó la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados en las instituciones oficiales de la ciudad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).
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De acuerdo con el Ministerio Público, la omisión tuvo un impacto considerable en la población estudiantil beneficiaria, afectando condiciones esenciales para su desarrollo cognitivo y su desempeño académico.
Según se indicó, la administración de Dau suspendió una licitación pública previamente abierta para el suministro del PAE, y solo hasta el 31 de enero de 2020 —ya iniciado el calendario escolar— inició un nuevo proceso contractual.
La entidad consideró que el procedimiento alternativo adoptado por el entonces alcalde no fue eficiente, ya que no garantizó la continuidad del programa ni ofreció mecanismos de contingencia para atender a los estudiantes durante el lapso en el que no se prestó el servicio.
La Procuraduría subrayó que las entidades territoriales tienen la obligación de asegurar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar, debido a su relevancia en la lucha contra la deserción, el ausentismo y los malos hábitos alimenticios.
“Para el Ministerio Público el investigado, como director de la contratación y ordenador del gasto, dispuso descartar una licitación pública convocada que tenía por objetivo entregar la ejecución del PAE en la ciudad para la vigencia 2020; en su lugar, decidió, el 31 de enero, cuando ya había empezado el calendario escolar, iniciar otro proceso de contratación que no fue ágil ni eficaz, puesto que, no se logró atender oportunamente el objetivo del programa, sino 105 días después”, se lee en el comunicado emitido por el ente de control.
Tras analizar el caso, el órgano de control calificó la actuación de Dau Chamatt como una falta grave cometida con culpa gravísima, al considerar que incumplió deberes constitucionales y legales, así como las orientaciones propias del programa de alimentación.
La sanción, que en este caso toma la forma de una multa por el valor de los salarios correspondientes al periodo de suspensión, podrá ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Otra sanción por agresiones verbales
La Procuraduría General de la Nación, a inicios de abril de 2025, impuso una sanción disciplinaria al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, tras determinar que incurrió en conductas irrespetuosas hacia funcionarios públicos, tanto de la Universidad de Cartagena como de la misma entidad de control.
De acuerdo con el organismo, la decisión fue adoptada por la procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, que determinó que el exmandatario utilizó un lenguaje inapropiado y ofensivo en diversas ocasiones, lo que vulneró los deberes éticos y legales que debía observar como servidor público.
El caso se remonta al 12 de diciembre de 2022, en la que Dau Chamatt, en medio de una audiencia judicial, calificó a la Procuraduría como “un nido de ratas”, además de emitir comentarios despectivos hacia empleados de la Universidad de Cartagena.
“Resultó evidente, además, la nula intención por parte del investigado de corregir su comportamiento dado que su manifestación desobligante frente a los funcionarios de la Procuraduría se dio precisamente dentro de otra investigación por las mismas expresiones que de manera grotesca, señaló frente a funcionarios del Distrito de Cartagena, situación que resalta su intención latente de transgredir los derechos de los demás, bajo el amparo de una actitud de repudio y rechazo hacia la corrupción, pues aun sabiendo las consecuencias de sus expresiones, imprimió de forma grosera, irrespetuosa y arbitraria, señalamientos que vulneran los deberes que como servidor público está llamado a cumplir”, mencionó la Procuraduría en un comunicado.
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