Presidente del Consejo de Estado rechazó acusaciones de censura hechas por Petro: “No buscamos la destrucción del Gobierno”

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respondió a las recientes críticas del presidente Gustavo Petro, que acusó a ese tribunal de presunta censura a sus alocuciones durante los Consejos de Ministros.

En entrevista con El Tiempo, el magistrado defendió la independencia del poder judicial y aseguró que la sentencia proferida por el alto tribunal no limita el derecho del jefe de Estado a comunicarse con la ciudadanía, sino que protege el pluralismo informativo.

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Según Luis Alberto Álvarez, la decisión judicial del 11 de abril se tomó en respuesta a una tutela que buscaba garantizar el derecho fundamental al pluralismo informativo. El fallo ordenó que los Consejos de Ministros no se transmitan por canales privados, sino únicamente por medios públicos como Señal Colombia y Canal Institucional.

La medida busca impedir que las transmisiones presidenciales interfieran con la programación regular de los medios privados, lo que podría vulnerar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente los contenidos televisivos que consumen.

El magistrado explicó en el citado medio que censura es un concepto que implica persecución, anulación del derecho a opinar o cierre de medios de comunicación, situaciones que, según dijo, no se presentaron en este caso.

“No podemos hablar de censura como lo ha expresado el presidente en su cuenta de X”, afirmó a El Tiempo, y agregó que se trata de una expresión que “no corresponde a la realidad”.

Sobre la afirmación del mandatario de que se le está restringiendo el derecho a las alocuciones, Álvarez precisó que las transmisiones de los Consejos de Ministros no corresponden al formato tradicional de una alocución presidencial. Citó como ejemplo momentos históricos en los que los presidentes utilizaron ese recurso para anunciar medidas excepcionales, como el cese de los diálogos con las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Pese a ello, el presidente del Consejo de Estado reiteró que el mandatario colombiano conserva su derecho a transmitir mensajes a la nación a través de los canales públicos, sin que esto implique una limitación de su fuero presidencial.

“No ha pasado nada que pueda entenderse como una censura”, insistió al citado medio de comunicación, al tiempo que rechazó las afirmaciones de que se esté buscando “la destrucción del gobierno progresista”.

Respecto a los comentarios del jefe de Estado en los que acusó al Consejo de Estado de no reconocer su legitimidad y de quitarle facultades, Álvarez manifestó que tales declaraciones desconocen el principio de separación de poderes.

“Todos tenemos el deber de reconocer al primer mandatario y asegurar su dignidad como jefe de Estado”, afirmó a El Tiempo, pero recordó que la justicia contenciosa administrativa actúa como contrapeso para evitar abusos en el ejercicio del poder.

Frente a la controversia sobre decisiones relacionadas con la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente del Consejo de Estado indicó que los fallos de tutela que han ordenado rectificaciones se fundamentan en la necesidad de proteger el derecho al buen nombre y la honra. “Nadie tiene licencia para injuriar o tergiversar la realidad sin que ello tenga consecuencias jurídicas”, dijo.

En cuanto a la decisión de la Sala de Consulta que resolvió un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvarez señaló que el CNE tiene competencia para investigar violaciones a los topes de financiación de campañas, pero no para sancionar con la pérdida del cargo al presidente.

En su opinión, la interpretación del fallo como un intento de golpe blando carece de fundamento.

Luis Alberto Álvarez concluyó que los señalamientos del presidente afectan la legitimidad del poder judicial y advirtió que una democracia no puede sostenerse si no se respetan los procesos judiciales.

“Una sociedad puede derrumbarse si no rodeamos de garantías este oficio. La independencia judicial consolida la libertad, el orden constitucional, la seguridad jurídica y la vigencia de los valores democráticos”, concluyó en entrevista con El Tiempo.