La contribución por valorización que se aplicará a cerca de 250.000 predios en los departamentos de Atlántico y Bolívar está siendo objeto de un ajuste clave por parte del Gobierno nacional. Aunque el proceso para implementar este cobro viene avanzando desde el año pasado, una nueva directriz presidencial ordenó una pausa para garantizar un principio fundamental, que quienes reciban la factura tengan cómo pagarla, considerando su situación económica, capacidad contributiva y acceso a información clara sobre el destino de los recursos recaudados.
Por instrucción del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte inició una revisión detallada del universo de propietarios que se verán impactados por esta medida, con el fin de evaluar su situación socioeconómica antes de emitir cualquier cobro. Así lo confirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que dejó claro que la prioridad es asegurar que el aporte sea justo y no represente una carga desproporcionada para las familias de menores ingresos.
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“Debemos garantizar que a ningún propietario de predios sin capacidad de pago se le vaya a notificar el cobro. Es decir, a todos los propietarios que se le haga el cobro, deben tener la capacidad de pago, que puedan hacer, de forma efectiva, esa contribución”, señaló Rojas. Esta declaración implica un viraje frente al cronograma anterior del ministerio, que contemplaba iniciar la facturación en marzo del presente año.
El nuevo enfoque pone el énfasis en la equidad y la sostenibilidad financiera del proyecto, sin desatender la necesidad de financiar obras clave de infraestructura como la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. Estas vías, consideradas estratégicas para mejorar la conectividad regional, atraviesan varios municipios del Atlántico y Bolívar. En total, serán 248.656 predios los que estarían sujetos a valorización, 180.633 en el Atlántico y 68.023 en Bolívar.
Los municipios incluidos en la zona de influencia de las obras y, por ende, cobijados por el gravamen son Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Piojó y Tubará, en el departamento del Atlántico; y Cartagena y Santa Catalina, en Bolívar, los cuales se beneficiarán directa o indirectamente de las inversiones proyectadas para mejorar la infraestructura vial y portuaria de la región Caribe.
El ministerio explicó que esta contribución está pensada para cubrir parte de los costos de obras que incrementan el valor de los inmuebles en las zonas beneficiadas, generando además desarrollo urbano, conectividad y mayor calidad de vida. No obstante, el cambio de postura del Gobierno responde a la necesidad de aplicar el principio de progresividad en los tributos, buscando evitar que el cobro recaiga sobre quienes no tienen la capacidad de responder económicamente.
“A todos los propietarios que se le haga el cobro, deben tener la capacidad de pago”, insistió la ministra Rojas, reiterando que esta es la condición central para la aplicación de la medida.
Aunque aún no se define una nueva fecha para la entrega de facturas, el Gobierno indicó que en las próximas semanas se conocerán más detalles sobre el proceso de revisión de datos, así como del cronograma actualizado, que incluirá ajustes técnicos, validaciones adicionales y posibles mecanismos de verificación para garantizar mayor transparencia.
La decisión, según analistas, podría tener un efecto positivo en la percepción ciudadana frente al mecanismo de valorización, que históricamente genera resistencias por aplicarse sin tener en cuenta las condiciones reales de los contribuyentes. Esta vez, el enfoque apunta a que las grandes obras no se construyan a costa del bienestar de quienes menos tienen, incorporando criterios de equidad social, participación comunitaria y evaluación técnica para evitar injusticias en la distribución de los cobros.
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