‘Falsos positivos’: están afectadas más de 500 personas por demoras en pagos de sentencias contra el Estado

En un oficio emitido el 24 de febrero, el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa reconoció formalmente que el presupuesto nacional para 2025 no contempló los recursos suficientes destinados al pago de sentencias y conciliaciones derivadas de casos de violaciones a los derechos humanos, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’; este reconocimiento se suma a una serie de denuncias elevadas ante instancias internacionales, que alertan sobre los efectos que la demora en estos pagos genera en las víctimas y sus familias.

Cuando los jueces, tribunales o altas cortes como el Consejo de Estado dictan sentencias en las que se reconoce la responsabilidad del Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa o la fuerza pública, por hechos como ejecuciones extrajudiciales, se ordena el pago de una indemnización a las familias afectadas; sin embargo, este proceso no es inmediato. Existe un sistema de turnos que establece una espera promedio de cinco años, lo cual ha sido señalado por víctimas y defensores como una revictimización prolongada.

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El abogado Javier Villegas Posada lleva a cabo esta problemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En su queja, presentada inicialmente en 2023, señaló que los procesos judiciales en materia administrativa pueden tardar hasta 15 años en resolverse. En estos procesos se encuentran incluidos casos emblemáticos como las ejecuciones extrajudiciales en Soacha (Cundinamarca), masacres, detenciones arbitrarias seguidas de absoluciones, entre otros.

La revista Cambio obtuvo detalles del documento y mencionó que Villegas Posada denunció ante la Cidh que, “el Estado colombiano no ha cumplido las órdenes judiciales que aportarían al camino de la reparación integral”, y que esta omisión “agudiza la revictimización de sus familiares, pues no solo han tenido que esperar décadas para que en materia de justicia se dé algún avance significativo y sanción a los responsables, sino que también han tenido que seguir esperando por tiempo indefinido una reparación económica”.

Un año después de presentar la queja, el abogado radicó una insistencia ante la misma Comisión, en la que señaló que, de 42 casos con sentencias emitidas entre 2017 y 2021, solo en dos se ha efectuado el pago a las familias. Entre esos casos se incluyen dos de los ‘falsos positivos’ de Soacha, cinco ejecuciones extrajudiciales adicionales, la muerte de un menor bajo custodia policial y la de un líder social. Según Villegas Posada, estas demoras implican que más de 500 personas representadas por él siguen esperando justicia materializada en la reparación económica ordenada por la justicia colombiana.

En respuesta, el Ministerio de Defensa explicó en el documento de cuatro páginas que este año no le fueron asignados recursos en el presupuesto nacional para el pago de sentencias y conciliaciones. “Se evidencia que no le fueron asignados recursos del presupuesto nacional para el pago de sentencias y conciliaciones”, indica el escrito.

Ante esta situación, el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones señaló que recurrirá al Fondo de Contingencias del Estado, creado mediante un decreto en 2020 y habilitado para asumir el pasivo por contingencias judiciales de las entidades públicas. No obstante, esta vía solo aplica para sentencias cuyo proceso haya iniciado a partir de 2019. Para los casos anteriores, la cartera, liderada por Pedro Sánchez, necesita cubrir el pago con recursos propios, lo cual, según lo explicado en el documento y divulgado por el medio en mención, no es posible por falta de asignación presupuestal.

El documento también detalla que el plan de desarrollo vigente contempla realizar 12.000 órdenes de pago entre 2019 y 2023, con el objetivo de descongestionar la acumulación de sentencias pendientes. Sin embargo, con base en los recursos efectivamente asignados, se estima que existe un retraso promedio de cinco años desde que se otorga el turno a la cuenta de cobro hasta que se liquida el pago.

“Se esperará a que el Gobierno modifique los rubros asignados para el Ministerio de Defensa para el pago de sentencias y conciliaciones o de aplicación a su Plan de Desarrollo”, se lee en el texto, dejando la resolución del problema atada a posibles ajustes futuros en el presupuesto nacional.

Este contexto también ha facilitado la aparición de intermediarios que, aprovechando la larga espera, compran las sentencias a las víctimas. Estos negocios consisten en pagar una suma menor a las familias a cambio de recibir el monto completo cuando el Estado realice el pago correspondiente, una práctica que, si bien es legal, ha sido criticada por aprovecharse de la necesidad económica de quienes esperan una reparación.