
Lo que comenzó como una circular administrativa terminó por agitar el ambiente en algunos colegios públicos de Manizales (Caldas). Una directriz emitida por la Secretaría de Educación local, que pretendía aclarar aspectos de la jornada laboral docente, fue interpretada por varios rectores como una herramienta para exigir más allá de lo estipulado legalmente, según denunció el Sindicato de Educadores de Caldas (Educal).
El sindicato asegura haber recibido múltiples quejas de docentes que trabajan en instituciones como la Normal Superior de Manizales, el Instituto Manizales, el Instituto Técnico Francisco José de Caldas, entre otros. Los reportes hacen referencia a un presunto incumplimiento de la normativa laboral y señalan también situaciones de acoso por parte de algunos directivos.
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“Creemos, sobrepasa lo que dice el decreto nacional 0277 sobre jornada laboral y que se volvió un instrumento adicional para que esas direcciones de varios colegios, en todo caso minoría, maltraten a los profesores”, expresó Víctor Acosta, representante de Educal, que lidera la denuncia pública.
El panorama, sin embargo, no es homogéneo. El mismo Acosta reconoció que la mayoría de los establecimientos educativos de la capital caldense mantienen buenas prácticas de liderazgo y convivencia. “En general, la dirección de las instituciones educativas de Manizales está en manos de personas respetuosas, democráticas, amables, que promueven formas de relacionamiento justo con sus docentes, administrativos y comunidad en general. No obstante, están muy identificados los sitios en la ciudad donde al parecer el tema no es así. Y las quejas son recurrentes”, agregó.
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Ante la gravedad de las denuncias, el sindicato solicitó al Concejo Municipal que se programe un debate de control político que permita revisar a fondo lo que está ocurriendo en las instituciones señaladas. Aunque se reconoce que no se trata de un comportamiento generalizado, consideran que es necesario intervenir antes de que el malestar escale.
El secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourt, manifestó que hasta ahora las quejas no han llegado por los canales formales que exige el procedimiento institucional. “Si hemos escuchado esas denuncias, pero no en los canales oficiales, invitamos a los docentes a radicar dichas denuncias para darle trazabilidad al interior de la Secretaría”, señaló el funcionario, que se mostró abierto al diálogo, pero insistió en que es necesario formalizar los reclamos para que puedan ser atendidos adecuadamente.
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Desde Educal, por su parte, explican que uno de los principales obstáculos para que los maestros denuncien de manera directa es el temor a represalias. Por eso optaron por recolectar la información de forma anónima y hacerla llegar colectivamente a las autoridades. “Hay una barrera de confianza que aún no se supera. Muchos maestros prefieren el silencio para evitar conflictos con sus superiores”, explicó Acosta.
Un detonante fue la publicación de la mencionada circular, que según los educadores, excede las competencias que una entidad territorial puede tener frente a la jornada laboral de los docentes, la cual está reglamentada a nivel nacional. En su lectura del documento, Educal considera que algunos rectores están usándolo como respaldo normativo para imponer horarios que no se ajustan a lo estipulado por el Decreto 0277, generando presión innecesaria y desgaste emocional entre los profesores.
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Además del presunto uso inadecuado de la norma, el sindicato sostiene que surgieren patrones de comportamiento que podrían configurarse como acoso laboral. Estas situaciones, explican, incluyen cambios de funciones sin previo aviso, trato despectivo o desautorización constante frente a otros miembros de la comunidad educativa.
En respuesta a este escenario, Educal reforzó su presencia en las instituciones afectadas y acompañó a varios docentes en procesos de asesoría legal. También hicieron un llamado para que los educadores se mantengan unidos y documenten cuidadosamente cualquier irregularidad.
La controversia revela una vez más las tensiones que pueden surgir en la gestión educativa cuando hay interpretaciones ambiguas de la normativa o se rompen los puentes de diálogo entre directivos y docentes. En este caso, la Secretaría de Educación manifestó su disposición a recibir las denuncias formales, mientras el sindicato insiste en que no basta con abrir canales e indician que es necesario reconstruir la confianza institucional.
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