Por concesión de agua a Coca-Cola en La Calera, la CAR convocó audiencia pública para definir su futuro

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) convocó a una audiencia pública para el próximo 15 de mayo con el fin de decidir sobre la solicitud de prórroga de la concesión de agua subterránea otorgada a la Sociedad Industrial Nacional de Gaseosas S.A. (Indega S.A.), filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera.

La decisión de la CAR surge en respuesta a la presión de la comunidad local y al contexto de crisis hídrica que afecta a la región.

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La audiencia se realizará en la vereda Santa Helena, en donde se ubican los manantiales desde los cuales la embotelladora capta agua para su operación.

Según la CAR, el objetivo del encuentro es garantizar la participación ciudadana en decisiones ambientales, especialmente en aquellas que puedan afectar el acceso a un ambiente sano, tal como lo estipula la legislación colombiana.

La concesión de agua fue renovada por última vez en diciembre de 2014, cuando la CAR autorizó la captación de hasta 3,23 litros por segundo desde siete manantiales en Santa Helena.

Esta autorización, con vigencia de diez años, venció en diciembre de 2024. En mayo del mismo año, Indega S.A. presentó la solicitud formal de prórroga, la cual permanece bajo análisis técnico, ambiental y social por parte de la CAR.

En paralelo, investigaciones periodísticas revelaron que la planta embotelladora de Coca-Cola habría continuado extrayendo agua incluso después del vencimiento de la licencia, lo que ha generado malestar entre los habitantes de La Calera. La situación se agrava por la crisis de sequía que atraviesa la región y que ha llevado a implementar medidas de racionamiento desde inicios de 2024.

<b>Tensión por el uso del recurso</b>

El debate en torno a la concesión ha escalado en los últimos meses, con líderes comunitarios, organizaciones sociales y medios de comunicación denunciando lo que consideran una situación injusta: mientras la población enfrenta cortes en el suministro de agua, la empresa continúa utilizando el recurso con fines comerciales.

“El uso prioritario debe ser para el consumo humano y no para actividades industriales”, declaró el director de la CAR, Alfred Ballesteros, al medio El Espectador. Esta afirmación ha sido interpretada como una señal de que la autoridad ambiental podría no autorizar la prórroga de la concesión.

La vereda Santa Helena, donde se realiza la captación, es una zona estratégica desde el punto de vista ecológico. Diversas voces han advertido que la explotación sostenida del recurso hídrico podría alterar el equilibrio del ecosistema y comprometer el acceso al agua de la población.

<b>Participación ciudadana y presión social</b>

Para garantizar una participación amplia, la CAR habilitó varios puntos de inscripción para quienes deseen intervenir en la audiencia, incluyendo la sede central de la entidad en Bogotá, la Dirección Regional Bogotá–La Calera, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio y la Personería local.

La realización de la audiencia pública no solo es un mecanismo de participación, sino también una respuesta institucional a las crecientes críticas que ha enfrentado la CAR por su manejo de los recursos naturales. Organizaciones sociales han solicitado incluso la suspensión inmediata de las captaciones por parte de la embotelladora, hasta que se esclarezca el impacto social y ambiental de su operación.

<b>Tarifas y modelo de gestión del agua</b>

El caso de La Calera también ha reabierto el debate sobre el bajo costo que pagan las empresas por el uso del agua subterránea. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la tarifa actual ronda los 70 pesos por metro cúbico, una cifra que considera irrisoria teniendo en cuenta la escasez del recurso y la necesidad de tratamiento adicional para su uso industrial. Por ello, ha solicitado al Ministerio de Ambiente revisar el decreto 1155 de 2017, que regula este cobro.

Para la comunidad de La Calera, esta audiencia representa una oportunidad histórica de defender su derecho al agua y exigir que las decisiones institucionales prioricen el bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental. La tensión entre desarrollo económico y justicia ambiental está sobre la mesa, y la voz de la ciudadanía será clave en la definición del futuro del agua en la región.