El Gobierno Nacional ha decidido no asumir la deuda de dos billones de pesos que la empresa de energía Air-e mantiene con generadoras eléctricas, argumentando que se trata de obligaciones adquiridas antes de la intervención estatal.
Así lo confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante un evento en el barrio Cevillar de Barranquilla, donde se oficializó una alianza entre Air-e, el Ministerio de Minas y Energía y la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco).
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De acuerdo con declaraciones del ministro Palma, las deudas corresponden a la gestión de los antiguos propietarios de Air-e que administraban la empresa antes de que la Superintendencia de Servicios Públicos asumiera su control en septiembre del año pasado.
Según el funcionario, estas obligaciones no serán cubiertas por el Gobierno, ya que son un “hecho heredado” de la administración privada.
“Antes de la intervención, las deudas acumuladas por los privados dueños de Air-e alcanzaban esa cifra. Si no hubiéramos intervenido, esta zona del país ya estaría apagada”, afirmó Palma, quien destacó que la decisión de intervenir la empresa evitó un colapso energético en la región.
El ministro Palma fue enfático al señalar que los antiguos dueños de Air-e no solo cobraron a los usuarios los saldos pendientes de la opción tarifaria, una medida implementada durante la pandemia para diferir pagos, sino que también utilizaron esa deuda como garantía para adquirir nuevos compromisos financieros.
“Los dueños de la empresa le cobraron a los usuarios los saldos de opción tarifaria, pero además endeudaron a la empresa sobre esa expectativa de deuda, agravando la situación de los usuarios y de la compañía misma”, explicó el ministro. Esta práctica, según Palma, contribuyó a la crisis financiera que enfrentó Air-e antes de la intervención estatal.
El funcionario también destacó que la deuda de 2 billones de pesos no es responsabilidad del actual Gobierno, sino de los antiguos administradores de la empresa, quienes dejaron una situación insostenible que afectó tanto a los usuarios como al sistema energético en general.
El no pago de esta deuda ha generado preocupación entre las generadoras de energía y los gremios del sector, que han advertido sobre el riesgo de un “apagón financiero” que podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico.
Sin embargo, el ministro Palma aseguró que la Superintendencia de Servicios Públicos, y no el Ministerio de Minas y Energía, es la entidad encargada de gestionar la situación de Air-e y buscar una solución empresarial conforme a lo establecido por la ley.
En este contexto, el Gobierno ha enfocado sus esfuerzos en implementar medidas que beneficien directamente a los usuarios y pequeños comerciantes. Según Palma, se están promoviendo iniciativas de autogeneración de energía, principalmente mediante la instalación de paneles solares, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas por la crisis energética.
“Estamos promoviendo soluciones concretas, no solo hablando como otros sectores que se dedican únicamente a criticar al Gobierno. Aquí estamos actuando, llevando energía a quienes más la necesitan”, afirmó el ministro durante su intervención en Barranquilla.
La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre del año pasado fue una medida tomada para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en una región que enfrentaba serios problemas de suministro.
Según el ministro Palma, de no haberse realizado esta intervención, la zona habría enfrentado un apagón generalizado debido a la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas.
El enfoque actual de la administración de Air-e está dirigido a estabilizar la operación de la empresa y buscar soluciones sostenibles que permitan superar la crisis heredada.
Aunque el Gobierno ha dejado claro que no asumirá las deudas previas a la intervención, se mantiene comprometido con garantizar el acceso a la energía para los habitantes y comerciantes de la región.
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