El aumento en el salario de los empleados públicos parece empezar a tomar forma. Esto, luego de que, el 14 de abril, las partes (centrales obreras y Gobierno) dieron inicio formal a las conversaciones.
Tras la primera reunión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, informó, por medio de X, que las centrales obreras firmaron el pliego unificado estatal. Esto, según dijo, “en búsqueda de mejoras económicas, sociales, garantías sindicales, cumplimiento de acuerdos y vinculación a plantas de personal permanentes, con perspectiva de género”.
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Este pliego, presentado el 31 de marzo de 2025, reúne las demandas de diversas centrales sindicales y federaciones de empleados públicos, quienes ya vieron que el Gobierno empezó a cumplir con los plazos establecidos para iniciar las conversaciones.
Dicho documento fue elaborado por, además de la CUT, organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) , la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y Servicios Públicos de Colombia (Utradec) y la Federación. Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos (Fecotraservipúblicos).
Dichas entidades buscan que el documento sirva como una herramienta para fortalecer el empleo público y garantizar la dignidad, estabilidad y derechos laborales de los empleados estatales.
Exigencias clave del Pliego Nacional Estatal
Entre los puntos más destacados del pliego, las organizaciones sindicales exigen que el Gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados en negociaciones anteriores. Además, solicitan un incremento salarial y prestacional del 5% por encima de la inflación para 2025 y 2026. También se busca la creación y fortalecimiento de bonificaciones, primas técnicas, el pago de horas extras y el reconocimiento de derechos prestacionales.
Otro aspecto relevante del documento es la inclusión de un capítulo dedicado a la política de género, que responde a las demandas específicas de los trabajadores del Estado. Este apartado busca garantizar la igualdad de condiciones laborales y atender las necesidades particulares de las mujeres en el sector público. Asimismo, el pliego plantea la necesidad de garantizar el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, además de abordar el derecho a la huelga para los empleados públicos, un tema que históricamente ha generado controversia en el país.
Según las organizaciones sindicales, el contenido del pliego refleja la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del empleo público y de establecer un marco más equitativo y sostenible para los trabajadores estatales.
Pliegos sectoriales y territoriales complementan las demandas
Además del Pliego Nacional Estatal, las centrales sindicales y federaciones presentaron pliegos sectoriales y territoriales dirigidos a autoridades locales, como alcaldes y gobernadores, así como a otras entidades nacionales. También se radicaron pliegos específicos para instituciones particulares del Estado, lo que evidencia la diversidad y amplitud de las demandas laborales en el sector público.
Tras la radicación del pliego nacional, el Gobierno y los sindicatos contaban con un plazo de diez días hábiles para instalar la mesa de negociación y unificar los diferentes pliegos presentados. Durante este tiempo, las centrales sindicales hicieron reuniones para consolidar sus propuestas y garantizar que las demandas sean claras y viables antes de que venza el plazo.
Etapas y desafíos de la negociación
Una vez instalada la mesa de negociación, las partes tendrán un período de 20 días hábiles para desarrollar la etapa formal de negociación, por lo que el aumento debe conocerse en mayo. Dicho proceso será importante para alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y contratistas en Colombia.
El éxito de estas negociaciones dependerá en gran medida de la disposición del Gobierno para atender las demandas planteadas y de la capacidad de las organizaciones sindicales para defender los intereses de los trabajadores. Además, el cumplimiento de los plazos establecidos será determinante para garantizar que el proceso avance de manera efectiva.
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