The Economist criticó la política ambiental de Gustavo Petro: calificó de “huecas” las promesas ecológicas del mandatario

El medio británico The Economist publicó un análisis crítico sobre las políticas ambientales del presidente colombiano Gustavo Petro, señalando que sus decisiones en materia de transición energética presentan serias contradicciones y efectos negativos tanto económicos como ambientales.

La revista describe cómo, a pesar de los discursos del mandatario en favor de una agenda verde, las acciones de su gobierno han generado dudas sobre la viabilidad y coherencia de sus propuestas.

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De acuerdo con The Economist, uno de los ejemplos más claros de estas contradicciones se encuentra en la planta de gas de Cupiagua, ubicada en el noreste de Colombia, en las estribaciones de los Andes.

Diseñada para procesar grandes volúmenes de gas natural, esta instalación refleja una disminución significativa en la producción de gas del país.

Según datos citados por el medio, las reservas colombianas de gas han caído un 58% desde 2012, lo que llevó a que en 2023 Colombia tuviera que importar gas por primera vez en casi medio siglo para satisfacer la demanda de hogares e industrias.

El análisis realta que, aunque el gobierno de Petro ha adoptado una postura firme contra los combustibles fósiles, convirtiendo a Colombia en el primer país productor de petróleo en detener la expedición de nuevas licencias de exploración de hidrocarburos, el mandatario ha hecho una excepción con el gas natural.

Petro argumenta que las reservas actuales son suficientes para garantizar la transición energética, pero The Economist cuestionó esta afirmación, señalando que los datos disponibles no respaldan dicha narrativa.

Ante la disminución de las reservas locales, el gobierno de Petro ha explorado alternativas internacionales para garantizar el suministro de gas.

Una de las primeras opciones consideradas fue restablecer relaciones energéticas con Venezuela para importar gas a bajo costo. Sin embargo, esta iniciativa se enfrentó a varios obstáculos, como el deterioro del gasoducto binacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

Además, la imposición de un arancel del 25% a los compradores de petróleo venezolano por parte del expresidente estadounidense Donald Trump complicó aún más esta posibilidad.

Ante estas limitaciones, el Gobierno nacional anunció en marzo un acuerdo con Qatar para la importación de gas licuado. Sin embargo, el medio británico advierte que esta decisión podría aumentar tanto los costos como las emisiones de gases contaminantes.

El proceso de licuefacción y transporte del gas desde Qatar puede triplicar su precio y elevar las emisiones hasta un 50% en comparación con el gas producido localmente, lo que contradice los objetivos ambientales del gobierno.

En diciembre, el Gobierno Petro celebró el descubrimiento del mayor yacimiento de gas en la historia del país, ubicado en el Caribe y hallado bajo una licencia de exploración previa.

Según estimaciones oficiales, este yacimiento podría triplicar las reservas actuales cuando entre en operación en 2029. A pesar de este hallazgo, The Economist señala que Petro continuó promoviendo una transición energética acelerada sin nuevos contratos de exploración, lo que genera dudas sobre la coherencia de su estrategia.

El medio inglés también destacó que, a medida que las fallas en los planes del Gobierno se hacen más evidentes, Petro ha intentado desviar la atención. En un Consejo de Ministros transmitido el 7 de abril, el mandatario utilizó cifras y argumentos que The Economist calificó como engañosos para criticar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país.

Roa, por su parte, aseguró que las políticas del gobierno no han alterado la estrategia de exploración de la compañía, describiéndola como “agresiva”.

El análisis del medio británico también aborda las consecuencias económicas y ambientales de las decisiones del Gobierno de Petro. La falta de inversiones en exploración y desarrollo de reservas locales llevó a un déficit de gas que, según el presidente de Ecopetrol, se acentuará a partir de 2025. Esta situación ya provocó aumentos en los precios del gas, afectando tanto a los hogares como a las industrias.

Además, la importación de gas licuado desde países como Qatar o Estados Unidos, donde se produce mediante fracking, implica procesos que aumentan la huella de carbono y los costos para los consumidores. Según el medio británico, estas decisiones contradicen los objetivos de reducción de emisiones del gobierno y podrían comprometer la seguridad energética y la estabilidad económica de Colombia.

En su análisis, The Economist concluye que las políticas ambientales de Gustavo Petro presentan serias incoherencias que ponen en duda la viabilidad de su agenda verde. Aunque el mandatario ha buscado posicionar a Colombia como un líder en la transición energética global, sus decisiones recientes, como la suspensión de nuevas licencias de exploración y la importación de gas desde Qatar, generaron críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El medio británico resume su postura con una frase contundente: “Las promesas verdes del presidente de Colombia suenan cada vez más vacías”. Según el análisis, encontrar un equilibrio entre los objetivos ambientales y la seguridad energética será crucial para que el país pueda avanzar en su transición energética sin comprometer su estabilidad económica y social.

De acuerdo con lo publicado por The Economist, el enfoque ambiental del Gobierno de Petro fue objeto de escrutinio debido a lo que consideran una falta de acciones tangibles que respalden sus promesas. Este análisis ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde figuras como el analista Julio César Iglesias han compartido sus opiniones al respecto. Iglesias, a través de su cuenta en X, destacó el artículo de la revista y señaló que este “ridiculiza el falso ambientalismo” del presidente.

En su publicación, Iglesias subrayó que el texto pone en evidencia lo que considera una hipocresía en las políticas ambientales del Gobierno de Petro.