La audiencia en la que se decidirá la apelación presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, ha sido reprogramada para el 27 de junio, según informó la juez 51 penal del circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Andrea Patricia Rodríguez.
Esta decisión responde a la imposibilidad de la juez de completar la revisión de los extensos registros y pruebas relacionadas con el caso, una tarea que ha sido obstaculizada por la alta carga laboral que enfrenta desde su posesión en febrero de este año.
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De acuerdo con el documento oficial firmado por la juez Rodríguez, la audiencia, inicialmente programada para el 11 de abril, no pudo llevarse a cabo debido a razones de fuerza mayor.
De acuerdo con W Radio, la magistrada explicó que, desde su nombramiento el 13 de febrero, ha atendido un promedio de seis audiencias diarias, lo que ha ocupado la totalidad de su jornada laboral.
Esta situación ha dificultado la verificación de los once registros audiovisuales de las audiencias preliminares, así como del material probatorio presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa de Marín.
Diego Marín Buitrago, señalado como presunto zar del contrabando en Colombia, permanece en Portugal mientras se resuelven los recursos legales interpuestos por su equipo de abogados. Estos buscan frenar su extradición a Colombia, donde enfrenta una orden de captura emitida en su contra.
Mientras se resuelve este recurso, Diego Marín permanece en Portugal, desde donde su defensa libra una batalla legal para evitar su extradición a Colombia. En territorio nacional pesa sobre él una orden de captura por su presunto papel como jefe de una organización dedicada al contrabando a gran escala, con tentáculos en varias regiones del país y conexiones dentro de instituciones del Estado.
Una de las piezas clave en este entramado es Ricardo Orozco Baeza, alias ‘el Bendecido’, ex coronel de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), cuya posible liberación ha encendido las alarmas en la opinión pública.
La juez 63 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, decidió no prorrogar su detención preventiva, citando el vencimiento de términos y la falta de nuevos elementos de juicio por parte de la Fiscalía.
De acuerdo con W Radio, la Fiscalía solicitó una extensión de un año argumentando que la investigación aún no concluía. Sin embargo, la jueza calificó como “etérea y genérica” la intervención del fiscal, debilitando la solicitud del ente acusador.
La resolución dejó en evidencia las dificultades de la Fiscalía para sustentar sus pretensiones en un proceso que involucra a una red con capacidad logística y financiera de gran alcance.
El nombre de Orozco Baeza no es menor en esta investigación. Según la Fiscalía, es uno de los principales operadores de la organización liderada por Marín y habría sido responsable del ingreso ilegal del 80 % del contrabando al país. Las mercancías, que incluían textiles, licores, calzado y tecnología, representaron ganancias multimillonarias.
En 2023, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Orozco y otros exoficiales los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.
El expediente también incluye a otros exintegrantes de la fuerza pública: el coronel retirado Alexander Galeano Ardila y los mayores retirados Mario Andrés Sarmiento Roja y José Helí Alzate Moncayo. Todos, según la investigación, habrían usado su conocimiento institucional para blindar las operaciones ilegales de la red.
A este panorama se suma el testimonio de un agente encubierto infiltrado por la Fiscalía en la Policía Nacional, que ha sido clave para detallar el funcionamiento interno de la estructura criminal.
El agente aseguró que alias ‘el Bendecido’ comenzó su carrera delictiva como cotero en Buenaventura, desde donde fue ascendiendo hasta convertirse en pieza central del engranaje. Según el testigo, el exoficial utilizaba contactos en la Polfa y la Dian para facilitar el ingreso de mercancía sin control y gestionar sobornos a diversas dependencias policiales.
Durante su operación encubierta en Cali, el agente recibió un teléfono con la aplicación Cellcrypt, usada por los miembros de la red para comunicarse de forma segura. A través de ese canal, coordinaban pagos al Gaula, la Sijin, la Sipol, una comisión de la Dipol y otras especialidades policiales, según el testimonio.
Además, el agente relató cómo oficiales de alto rango, como el coronel retirado Douglas y el teniente coronel Berrío, mantenían vínculos con la organización. Incluso identificó al mayor Gabriel Castillo como el encargado de centralizar los sobornos dentro de la capital vallecaucana.
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