General en retiro Óscar Enrique González solicitó a la JEP anular su imputación por falsos positivos en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una nueva solicitud en el marco del caso de los falsos positivos en Antioquia.

El general retirado Óscar Enrique González Peña, que fuera comandante del Ejército Nacional en 2008, pidió la anulación de la imputación en su contra por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2007.

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Esta solicitud fue presentada el pasado 8 de abril de 2025 por el abogado del excomandante, en un contexto en el que otros 24 militares ya reconocieron su responsabilidad en estos hechos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la JEP imputó en febrero de este año a un total de 39 miembros del Ejército Nacional, entre ellos cuatro generales retirados, por su presunta participación en 442 casos de falsos positivos en Antioquia.

Estos crímenes, que tuvieron lugar entre 2004 y 2007, involucran a la Brigada IV del Ejército Nacional. Entre los altos mandos señalados se encuentran, además de González Peña, los generales retirados Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes ocuparon cargos de mando y operaciones en la mencionada brigada durante el periodo investigado.

La Sala de Reconocimiento de la JEP había otorgado un plazo a los imputados para que respondieran si aceptaban o no las imputaciones por ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, Blu Radio reportó que 24 de los comparecientes, entre ellos varios coroneles, ya aceptaron su responsabilidad.

Según un auto emitido por la Sala, con estos militares se iniciará un procedimiento dialógico para el reconocimiento de los hechos. Sin embargo, un imputado manifestó por escrito su decisión de no aceptar responsabilidad, mientras que González Peña solicitó tanto una prórroga como la nulidad de la imputación en su contra.

El general (r) González Peña, junto con otros imputados, presentó una solicitud de prórroga para responder a las imputaciones, argumentando la necesidad de contar con más tiempo para revisar el extenso documento que detalla los cargos en su contra. Según el auto de la JEP citado por Blu Radio, esta solicitud también fue presentada por los generales retirados Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, Jairo Bocanegra de la Torre y Enrique Lizcano Valero.

Por su parte, la JEP resolvió conceder una ampliación del plazo por 30 días hábiles adicionales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la providencia. Este tiempo adicional permitirá a los comparecientes analizar los hallazgos presentados en el Auto SUB D – Subcaso Antioquia – 005 de 2025 y decidir si aceptan o no las imputaciones.

“Conceder la ampliación del término dispuesto en los numerales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva del Auto SUB D – SUBCASO ANTIOQUIA – 005 de 2025 por un término de treinta (30) días hábiles adicionales que serán contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia”, indicaron los magistrados de la Sala de Reconocimiento.

Asimismo, la solicitud de nulidad presentada por González Peña busca derogar por completo la imputación en su contra. Según el documento enviado por su abogado, esta petición se fundamenta en argumentos que no han sido detallados públicamente, pero que serán evaluados por la Sala de Reconocimiento en el marco del procedimiento establecido.

El caso de los falsos positivos en Antioquia es uno de los más emblemáticos dentro de los procesos que adelanta la JEP. La Sala de Reconocimiento recibió hasta ahora aceptaciones de responsabilidad por parte de 24 imputados considerados como máximos responsables. Este avance es significativo, ya que permite avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas.

Los falsos positivos, término utilizado para referirse a las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate, representan uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. En el caso de Antioquia, los 442 crímenes imputados ocurrieron en un contexto en el que las unidades militares buscaban mostrar resultados operativos mediante el aumento de bajas enemigas, lo que derivó en la muerte de personas inocentes.

La Jurisdicción Especial para la Paz, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las Farc, tiene como objetivo principal garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En este sentido, el subcaso Antioquia es una pieza clave para esclarecer la magnitud de los falsos positivos y determinar las responsabilidades de los altos mandos militares.

El reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados es un paso fundamental para las víctimas, quienes esperan que se haga justicia y se reconozca el daño causado. Sin embargo, las solicitudes de nulidad y las negativas a aceptar responsabilidad plantean desafíos para el avance del proceso.

La JEP continuará evaluando las solicitudes presentadas por los comparecientes, las víctimas y la Procuraduría, con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente. Mientras tanto, el caso de los falsos positivos en Antioquia sigue siendo un tema de alta sensibilidad y relevancia en el contexto de la justicia transicional en Colombia.