
El puerto de Buenaventura, las salidas por el Pacífico y sus alrededores, han convertido a Buenaventura, Valle del Cauca, en uno de los puntos claves para las estructuras ilegales en el país, por lo que en el inicio de 2025 se han registrado confrontaciones entre bandas delincuenciales por el poder territorial de la zona.
Mientras que en la región se afirma que al conflicto entre Shottas y Espartanos se han involucrado grupos armados, la Administración municipal sigue buscando una tregua entre estas dos bandas delincuenciales.
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Con este objetivo, el vocero de los Shottas, José Jimmy García, indicó a W Radio que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, lo que provocaría que la oleada de violencia terminara en Buenaventura, en donde la cifra de asesinatos ha aumentado considerablemente desde febrero.
“Las negociaciones van bien: ellos han llegado, por sí mismos, a un acuerdo de no agresión para que la ciudad esté tranquila y bajar la temperatura”, declaró García.

Cabe recordar que, tras varios meses de paz, la tensión entre estas pandillas reapareció debido a que no había un marco jurídico para que la meza de paz urbana pudiera continuar, lo que provocó que las órdenes de captura de sus principales cabecillas fueran renovadas.
Se estima que la guerra territorial ha provocado la muerte de al menos 50 personas en lo corrido del 2025, 20 de ellas se registraron en marzo.
Uno de los casos más expuestos públicamente ha sido el de Vladímir Bravo Núñez, un futbolista de 24 años que estaba comiendo en un establecimiento comercial cuando recibió varios disparos por parte de hombres que se movilizaban en motocicleta.

Para continuar con sus negociaciones para oficializar la tregua, Shottas y Espartanos tendrían varias exigencias para la Gobernación del Valle del Cauca, que incluye la salida del jefe negociador que funciona como representante del Gobierno nacional, Fabio Cardozo, al que señalan de no tener empatía con sus posturas.
Las bandas delincuenciales quieren que a la mesa de conversación se sume la gobernadora Dilian Francisca Toro y la alcaldesa de Buenaventura, Ligía Córdoba, que, desde su postura, funcionarán como garantes de los compromisos pactados.
“Las estructuras van para un lado y el representante del Gobierno va para otro. Ellos hicieron sus reuniones virtuales, se comprometieron a que Buenaventura estaría tranquila, pero él sale a hacer una serie de acusaciones. No sé cuál es el fin”, indicó el representante de los Shottas al medio citado.
Debido a que el Estado ha incumplido con varios puntos del acuerdo pactado con la comunidad del puerto en 2017, el líder social Jhon Reina Ramírez indicó que la salida para la crisis en Buenaventura es cumplir con lo prometido en su momento.
“Nuestro problema se soluciona con el orden nacional. Temas como sacar recompensas para los cabecillas, aumentar el pie de fuerza, visitar los barrios con oferta institucional y proveer a la Fuerza Pública de las herramientas que se necesitan para poder actuar deberían ser constantes y no solo cuando ocurren las crisis”, declaró Jhon Reina Ramírez, que es vocero del Movimiento Paro Cívico de Buenaventura a El colombiano.
Cabe recordar que, en 2017 el Estado se comprometió a llevar inversión al puerto para asegurar viviendas dignas y una infraestructura acorde para el municipio, pero la Defensoría del Pueblo indicó que en 2024 el cumplimiento del acuerdo era del 7%
“Nosotros pedimos siempre que haya presencia real en inversión social, porque no solamente es intervenir con la Policía, con Fuerza Pública o con el CTI, sino que es la inversión pública. Necesitamos mayor inversión en educación, en salud, en agua, saneamiento básico, en acueductos, que podamos tener acueductos en Buenaventura las 24 horas, que podamos tener los centros y puestos de salud bien organizados, que también los centros y espacios deportivos se reactiven”, destacó Ramírez
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