
Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, considerado uno de los hombres clave dentro de la estructura criminal que lideraría Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, podría quedar en libertad este 8 de abril por vencimiento de términos.
La juez 63 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, decidió no prorrogar la medida de aseguramiento en centro carcelario que pesaba contra él desde 2024, según información revelada por W Radio.
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La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara extender la detención preventiva por un año más, sin presentar nuevos elementos probatorios que sustentaran dicha solicitud.
De hecho, la jueza fue contundente al calificar de “etérea y genérica” la intervención del fiscal del caso, lo que debilitó aún más la posición del ente investigador.
Esta decisión también cobija a otras tres personas señaladas de estar vinculadas a la red de contrabando presuntamente dirigida por Diago Alejandro Marín, alias Papá Pitufo.

Todos habían sido detenidos durante el primer semestre del año 2024, en el marco de una investigación por contrabando a gran escala.
Entre ellos figuran tres oficiales retirados de la Policía Nacional, quienes habrían usado su experiencia institucional para facilitar el ingreso ilegal de mercancías al país.
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Una red con conexiones dentro del Estado
Ricardo Orozco Baeza, ex coronel de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), ha sido señalado por la Fiscalía como pieza fundamental dentro de una red criminal que operaba desde hace varios años y que tendría conexiones con funcionarios activos y retirados del Estado.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el medio citado, Orozco Baeza sería responsable de aproximadamente el 80 % del contrabando que ingresa al país, una cifra que lo posiciona como figura central de esta estructura criminal.
En 2023, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Orozco Baeza y a los oficiales retirados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.
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Entre los implicados figuran el coronel retirado Alexander Galeano Ardila y los mayores retirados Mario Andrés Sarmiento Roja y José Helí Alzate Moncayo, quienes, según el expediente, habrían usado su conocimiento del aparato institucional para proteger la operación de esta red ilegal.
La organización liderada por alias Papá Pitufo, cuyo nombre real es Diego Marín Buitrago, está en el centro de una investigación que busca desarticular una compleja red de contrabando de textiles, calzado, licores y tecnología que habría movido sumas multimillonarias en distintas regiones del país.
Las fallas de la Fiscalía
La medida de aseguramiento contra alias el Bendecido se había sustentado originalmente en el supuesto alto poder económico de los procesados, lo cual, según la Fiscalía, representaba un riesgo para la correcta administración de justicia.
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Sin embargo, la juez consideró que no existían pruebas suficientes que respaldaran esa afirmación.
Además, el juzgado también evidenció que el ente acusador no logró demostrar el peligro que los procesados podrían representar para los testigos protegidos y los agentes encubiertos que participaron en las labores de inteligencia.

La falta de argumentos sólidos y la escasa evolución del caso fueron factores determinantes en la negativa a extender la medida de detención.
Durante la audiencia, incluso el delegado del Ministerio Público manifestó su preocupación por el poco avance en las indagaciones, cuestionando el manejo de la investigación y la falta de diligencia para robustecer el expediente.
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Apelación y dudas sobre la estrategia de la Fiscalía
Ante la decisión adversa, la Fiscalía General interpuso un recurso de apelación que será revisado por un juez de segunda instancia. Este nuevo pronunciamiento será clave para definir el futuro judicial de alias el Bendecido y de los demás implicados.
Sin embargo, el panorama para el ente acusador se complica, ya que no solo deberá mejorar sus argumentos, sino también presentar evidencia concreta que respalde la peligrosidad de los procesados y la necesidad de su detención preventiva.
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