El exsenador Antonio Guerra de la Espriella se entregó a las autoridades: Corte Suprema confirmó condena en su contra por caso Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exsenador de Cambio Radical, Antonio Guerra De La Espriella, para que cumpla una condena de 11 años y cinco meses de prisión por las gestiones ilegales que realizó para beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht.

Después de que La Sala de Primera Instancia del alto tribunal confirmara la condena en contra del excongresista, Guerra De La Espriella se entregó a las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

La Corte Suprema condenó al excongresista por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y fue absuelto por cohecho propio.

La sentencia se basa en las “gestiones ilegales” que realizó en 2012, cuando integraba la Comisión Tercera del Senado, para favorecer a la empresa brasileña en la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica vinculado al proyecto de infraestructura conocido como Ruta del Sol II.

De acuerdo con la Corte, el exsenador recibió 200 millones de pesos en 2013 como parte de los sobornos destinados a garantizar la aprobación del contrato de estabilidad jurídica que protegía el contrato de concesión 001 de 2010.

Este último había sido firmado entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la sociedad Ruta del Sol S.A.S., subsidiaria de Odebrecht. Además, se determinó que entre 2012 y 2017, Guerra De La Espriella incrementó su patrimonio de manera injustificada en 587.765.369 de pesos.

La condena actual es el resultado de un fallo en segunda instancia emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano. Este nuevo fallo modifica la sentencia inicial dictada en marzo de 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte, que había condenado al exsenador a 13 años y ocho meses de prisión.

En esa ocasión, Guerra De La Espriella fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, aunque fue absuelto del cargo de cohecho propio. Sin embargo, tras la apelación presentada por el exsenador, la Sala Penal lo absolvió del delito de concierto para delinquir, lo que resultó en una reducción de su condena.

El fallo también establece que Guerra De La Espriella deberá pagar una multa de 1.175 millones de pesos y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años y cinco meses. Según consignó la Corte, estos castigos buscan sancionar las acciones ilegales que favorecieron los intereses de Odebrecht en detrimento de la transparencia y la legalidad en la gestión pública.

El esquema de sobornos detrás del contrato de estabilidad jurídica

La investigación reveló que Odebrecht destinó una bolsa de 4.000 millones de pesos para sobornar a diversos lobistas y funcionarios que facilitaran la aprobación del contrato de estabilidad jurídica.

Según detalló la Corte, estos sobornos fueron gestionados por el exsenador Bernardo el Ñoño Elías, también miembro de la Comisión Tercera del Senado, bajo las instrucciones del exsenador Otto Nicolás Bula, quien ya había sido condenado por su participación en el caso.

El contrato de estabilidad jurídica, inicialmente rechazado por el Comité de Estabilidad Jurídica (CEJ), fue finalmente aprobado en diciembre de 2012, justo antes de la fecha límite establecida por Odebrecht.

La Corte determinó que esta aprobación fue resultado de presiones indebidas ejercidas por Guerra De La Espriella y otros congresistas sobre el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien formaba parte del comité encargado de evaluar el contrato.

El fallo judicial detalla cómo Guerra De La Espriella y Bernardo Elías abordaron en repetidas ocasiones al ministro Cárdenas Santamaría, utilizando su posición como congresistas para influir en las decisiones del Ministerio de Hacienda. Según la Corte, los parlamentarios aprovecharon la discusión de una reforma tributaria en curso en el Congreso para ejercer presión sobre el ministro, quien finalmente accedió a agilizar la aprobación del contrato de estabilidad jurídica.