Médicos del hospital de Soledad, Atlántico, renunciaron masivamente por retrasos salariales: ya superan los 90 días

El hospital Juan Domínguez Romero, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, enfrenta una grave crisis que paralizó casi por completo sus servicios.

La situación se desató tras la renuncia masiva de médicos generales, especialistas y enfermeras, que dejaron sus puestos debido al incumplimiento en el pago de sus salarios. Este hecho obligó al hospital a limitar su atención únicamente a urgencias primarias y a trasladar a los pacientes hospitalizados y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a otros centros asistenciales.

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De acuerdo con declaraciones de Heriberto Tovar, presidente del sindicato Anthoc, los médicos optaron por trabajar de manera pasiva, lo que significa que no están atendiendo de forma activa a los pacientes.

Esto ha llevado a que los niños internados en la UCI sean trasladados al hospital Pediátrico de Barranquilla, mientras que otros pacientes han sido remitidos a centros de salud en municipios cercanos como Sabanalarga. Tovar también aclaró que, aunque el hospital no cerrará completamente, los pacientes que requieran hospitalización serán derivados a otras instituciones de la red de salud.

“Por falta de pago los médicos no están trabajando de forma activa, sino pasiva. En consecuencia, tomaron la decisión de trasladar a los pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos para otro centro asistencial. Los niños fueron llevados hasta el hospital Pediátrico de Barranquilla y algunos pacientes fueron remitidos hasta Sabanalarga”, dijo Tovar en declaraciones a Blu Radio.

La problemática en el centro hospitalario no es un caso aislado, sino que forma parte de una crisis más amplia que afecta a la red pública hospitalaria del departamento del Atlántico. Esta situación financiera ha generado retrasos en el pago de salarios y obligaciones, lo que ha derivado en protestas por parte del personal médico en otras instituciones, como la sede de alta complejidad.

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una auditoría en las instalaciones del hospital, cuyos resultados preliminares apuntan a presuntos manejos irregulares en la administración de los recursos.

Según el informe, las deudas acumuladas superan los 110.000 millones de pesos, con compromisos pendientes de pago a proveedores que exceden los 90 días.

El hospital fue reinaugurado hace un poco más de año por la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que lo presentó como “el hospital mejor dotado y más moderno de toda la región”.

Durante su reapertura, se destacó que el centro contaba con instalaciones diseñadas para ofrecer servicios cómodos y dignos a los pacientes. Según datos de la Gobernación, la remodelación del hospital representó una inversión de 114.000 millones de pesos.

Sin embargo, la actual crisis pone en entredicho la sostenibilidad de este proyecto. A pesar de las mejoras en infraestructura, la falta de recursos financieros para garantizar el pago al personal médico y la adquisición de insumos ha llevado al hospital a una situación crítica.

La reducción de los servicios en el hospital afecta directamente a la población de Soledad, uno de los municipios más poblados del Atlántico. Este centro asistencial es uno de los más concurridos de la región, y su incapacidad para operar con normalidad deja a miles de personas sin acceso a atención médica adecuada.

El traslado de pacientes a otros hospitales también genera complicaciones logísticas y emocionales para las familias, que deben desplazarse a municipios vecinos para acompañar a sus seres queridos. Además, la saturación de otros centros asistenciales podría agravar la situación en la red hospitalaria del departamento.

La crisis actual pone de manifiesto la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos públicos y de un compromiso real con el bienestar de los trabajadores de la salud y los pacientes.

El caso del Hospital Juan Domínguez Romero es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema de salud pública en Colombia, donde la falta de recursos y los problemas administrativos pueden poner en riesgo la vida de miles de personas.