La Procuraduría solicitó enjuiciar al representante Jhony Carlos Palacios por presunta corrupción en contrato del Chocó

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se llame a juicio al representante a la Cámara por el Partido Liberal, Jhony Carlos Palacios Mosquera, debido a su presunta implicación en hechos de corrupción relacionados con un contrato firmado durante su gestión como gobernador del departamento del Chocó.

Según informó la Procuraduría, el caso gira en torno a irregularidades detectadas en la cesión del Convenio 01 de 2014, un acuerdo que ya presentaba problemas significativos en su ejecución.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, la cesión del contrato fue autorizada bajo condiciones que, según el Ministerio Público, no garantizaban el interés general ni cumplían con los estándares legales necesarios.

En lugar de buscar una solución que asegurara el cumplimiento del convenio, la decisión habría permitido que la misma entidad jurídica responsable de los problemas iniciales continuara con la ejecución del proyecto, sin que se declarara formalmente el incumplimiento del contrato.

Uno de los puntos clave en la investigación es la capacidad financiera de la empresa Service SAS ESP, que fue parte del consorcio encargado de ejecutar el convenio.

Según los hallazgos de la Procuraduría, esta compañía no contaba con los recursos económicos necesarios para asumir un proyecto de tal magnitud.

Además, se señaló que el aporte financiero de la empresa al consorcio estaba respaldado únicamente por la hipoteca de un bien inmueble, propiedad del esposo de una de las personas involucradas, con un valor estimado de 1.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 240.000 dólares estadounidenses).

La Procuraduría destacó que esta garantía representaba únicamente una expectativa de recursos, lo que generaba dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Este hecho fue corroborado por el testimonio de Jorge Montañez Flórez, representante legal suplente de Ciserspu, quien indicó que la inyección de capital dependía de dicha hipoteca.

Otro aspecto señalado por la Procuraduría es la ausencia de una justificación válida para autorizar la cesión del Convenio 01 de 2014. Según el Ministerio Público, esta decisión no solo carecía de fundamentos sólidos, sino que también contravenía los principios que deben regir los negocios jurídicos celebrados por entidades estatales.

En lugar de proteger el interés público, la cesión habría perpetuado las irregularidades ya existentes en el contrato.

La Procuraduría argumentó que la cesión fue una estrategia para evitar el procedimiento formal de declaratoria de incumplimiento, lo que habría permitido a la misma empresa continuar con la ejecución del convenio sin enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

El llamado a juicio solicitado por la Procuraduría representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Colombia, especialmente en regiones como el Chocó, donde los recursos públicos son esenciales para el desarrollo social y económico.

La investigación contra Jhony Carlos Palacios Mosquera pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación estatal, así como de garantizar que los responsables de actos de corrupción enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de decidir si acepta la solicitud de la Procuraduría y llama a juicio al representante Palacios. Este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país, al tiempo que subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Los cuestionamientos a Palacios Mosquera surgieron tras revelarse que continúa ejerciendo su cargo en el Congreso de la República a pesar de haber sido sancionado e inhabilitado por la Contraloría General de la Nación al ser declarado responsable de un detrimento patrimonial relacionado con un proyecto inconcluso de masificación de gas natural en el departamento del Chocó, durante su gestión como gobernador entre 2016 y 2019.

De acuerdo con la información publicada, la Contraloría emitió en noviembre de 2023 un fallo de responsabilidad fiscal contra Palacios Mosquera, señalándolo como uno de los responsables de la pérdida de recursos públicos destinados a un proyecto que buscaba ampliar el acceso al gas natural en la región.

Este proyecto, iniciado en 2014 y financiado con más de 20.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, permanece inconcluso, lo que ha generado un impacto negativo en el desarrollo del departamento.