La Corte Suprema redujo la condena a uniformados que habrían extorsionado a en ciudadano un CAI de Bogotá

La Corte Suprema de Justicia modificó la condena de dos patrulleros de la Policía Nacional, que habían sido sentenciados inicialmente por secuestro extorsivo agravado, por un episodio de aparente extorsión en un CAI de Bogotá.

De acuerdo con la información de las autoridades, los uniformados Jorge Humberto Rodríguez Loaiza y Brayan Steven Rojas Cardona fueron procesados por exigir dinero a un ciudadano a cambio de no judicializarlo. Tras una revisión del caso, la Corte determinó que el delito cometido fue concusión, lo que resultó en una reducción de la pena a ocho años de prisión.

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El caso se originó el 23 de noviembre de 2014, cuando los patrulleros detuvieron a Jesús Emilio Velásquez Vargas, quien conducía una motocicleta que presuntamente había sido robada.

Según publicó el diario El País, de Cali, los agentes trasladaron al ciudadano al CAI La Gaitana, ubicado en Bogotá, donde le exigieron la suma de 800.000 pesos colombianos para evitar su judicialización. Velásquez Vargas entregó la mitad del dinero solicitado y fue liberado, pero posteriormente denunció el hecho ante la Sijín, lo que dio inicio al proceso judicial.

En diciembre de 2019, los patrulleros fueron condenados por secuestro extorsivo agravado, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2020. En ese momento, se les impuso una pena de 450 meses de prisión. Sin embargo, la defensa de los acusados interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el delito había sido mal tipificado.

De acuerdo con lo que comunicó el medio, tras analizar el caso, la Sala Penal de la Corte concluyó que la captura de Velásquez Vargas fue legítima, ya que se basó en una presunta flagrancia por receptación. No obstante, determinó que los policías incurrieron en el delito de concusión al exigir dinero de manera indebida, sin que fuera necesario probar el destino final de los fondos.

Este cambio en la tipificación del delito permitió reducir la condena a 96 meses de prisión y una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como parte de la decisión, la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de Jorge Humberto Rodríguez Loaiza, al considerar que ya había cumplido su condena con el tiempo que permaneció privado de la libertad.

El delito de concusión, según el Código Penal colombiano, se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir dinero o beneficios de manera indebida. En contraste, el secuestro extorsivo implica la privación ilegal de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un pago o beneficio. La diferencia entre ambos delitos fue clave para la decisión de la Corte.

Capturan a ocho presuntos extorsionistas, incluido un militar en servicio activo

En una serie de operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana, las autoridades lograron la captura de ocho personas señaladas de participar en actividades de extorsión.

Entre los detenidos se encuentra un hombre que, según los reportes, estaba prestando servicio militar al momento de su aprehensión. Estas acciones, que incluyeron la incautación de vehículos y dinero en efectivo, forman parte de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado en la región.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los operativos se llevaron a cabo en diferentes puntos del departamento del Atlántico, con el objetivo de desarticular redes dedicadas a la extorsión. Las autoridades informaron que, además de las detenciones, se logró la incautación de cuatro motocicletas, las cuales presuntamente eran utilizadas por los capturados para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación de un hombre que estaba prestando servicio militar al momento de su captura. Según detalló el medio, este individuo formaba parte del grupo de ocho personas detenidas, quienes ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el rol específico del militar en las actividades de extorsión, su participación en estos hechos ha generado preocupación, dado que se trata de una persona que, en teoría, debería estar al servicio de la seguridad ciudadana.