Bananeros que financiaron bloque de las AUC afirmaron que solo pagaron extorsiones

El 10 de junio de 2024, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004, por lo que tendrá que reparar a las víctimas que dejó el grupo paramilitar en Urabá.

Cabe recordar que, el litigio, que duró más de 17 años, terminó luego de que se determinara que la empresa entregó dinero a las AUC, lo que permitió el auge del grupo armado liderado por Carlos Castaño.

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En el juicio se definió que la multinacional, que tiene presencia en alrededor de 70 países y emplea a más de 18.000 personas, tendrá que pagar a demandantes y víctimas de las autodefensas más de $38 millones de dólares.

Nueve meses después, en Colombia finalizaron los alegatos de defensa por el mismo caso, en el que están vinculados múltiples empresarios que habrían participado de la financiación de las AUC.

Durante las últimas audiencias, y mientras se espera que la jueza encargada del caso tome una decisión, ha llamado la atención la postura que tuvieron los abogados de la defensa, que han indicado que entre 1997 y 2003 no financiaron al grupo paramilitar, sino que pagaron cobros extorsivos que estos les exigían.

Durante sus intervenciones, los juristas criticaron a la justicia estadounidense por la determinación tomada en 2024 y afirmaron que la colombiana es “mediocre”.

“Lo que están mal son las tácticas que utilizan para obtener los resultados, o que han convertido la prueba testimonial en una prostituta, su señoría”, indicó el abogado Juan Carlos Prías.

Por su parte, la jurista Paula Cadavid indicó que las pruebas en contra de los empresarios, principalmente la presunta reunión que tuvieron con Carlos Castaño, se trataba de una falacia que creó el líder paramilitar para extorsionarlos.

“Carlos Castaño se ingenió, sé cráneo, se inventó esa reunión, por qué, porque hasta ese momento no había hablado con la gente de Chiquita para exigirles dinero”.

En los testimonios se destacó la participación de Javier Ochoa, que en su momento fue gerente de Banacol, que indicó que en su momento se compraron y vendieron acciones de la compañía sin que se tuviera conocimiento de ningún tipo de vínculo con las AUC:

“No es posible entender que al ser uno de los empleados de estas comercializadoras se intente constituir y construir un indicio en mi contra”, indicó Ochoa.

De acuerdo con las autoridades, Banacol y otras empresas del sector realizaron pagos a las AUC por recibir seguridad en varias fincas del Urabá, aspecto similar por el que las víctimas ganaron el litigio en Estados Unidos y se negó la solicitud de reducir el monto de la indemnización a los afectados por su accionar.

Debido a la postura que tuvieron los abogados de la defensa, el jurista Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, indicó que era imposible desconocer lo que se registró en el Urabá entre 197 y 2003 con las AUC.

“No pueden decir que desconocían la relación entre las Convivir y los paramilitares, cuando en Urabá era un hecho notorio que estas cooperativas operaban como seguridad en el día y los paramilitares en la noche”, fueron las palabras del abogado Vega.

Después de la intervención de todas las partes, en un proceso que lleva abierto más de 18 años, se espera que antes del 17 de septiembre de 2025 la juez sexta penal del circuito especializado de Antioquia tome una decisión final, de lo contrario este podría ser prescrito.