La vereda Brasil, ubicada en el municipio de Suaza, departamento de Huila, fue escenario de una preocupante incursión de hombres armados identificados como miembros de las disidencias de las Farc.
El hecho ocurrió el pasado domingo 30 de marzo, cuando estos individuos, portando armas largas y vistiendo uniformes similares a los del Ejército, patrullaron la zona a plena luz del día, generando temor entre los habitantes y quienes transitaban por el lugar.
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De acuerdo con Caracol Radio, los hombres armados no establecieron retenes ni cometieron actos de terrorismo, pero sí controlaron el tránsito en la vía que conecta Suaza con Florencia, en el vecino departamento de Caquetá.
Testigos señalaron que la presencia de estos grupos armados se extendió durante toda la tarde, afectando a familias y transportadores que debían cruzar por esta ruta obligada.
Habitantes de la región atribuyen esta incursión a la falta de presencia constante de las fuerzas militares en zonas apartadas como la vereda Brasil.

Según lo informado por el medio mencionado, los pobladores denunciaron que las patrullas del Ejército suelen ausentarse por días, dejando desprotegidas áreas rurales vulnerables a la acción de grupos armados ilegales. Esta situación habría facilitado que los guerrilleros transitaran libremente por el sector, generando un ambiente de incertidumbre y temor entre los residentes.
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Tras conocerse los hechos, las autoridades enviaron tropas del Ejército al lugar con el objetivo de retomar el control y garantizar la seguridad en la zona. Sin embargo, según lo consignado por Caracol Radio, los pobladores afirmaron que para cuando las fuerzas militares llegaron, los hombres armados ya habían completado su recorrido por la vía y se habían retirado del área.
Por su parte, Blu Radio destacó que esta no es la primera vez que las disidencias de las Farc realizan patrullajes en zonas rurales del departamento de Huila, lo que evidencia un patrón de control territorial por parte de estos grupos armados en regiones donde la presencia estatal es limitada.
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El temor generado por la presencia de hombres armados en la vereda Brasil refleja la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a la acción de grupos armados ilegales.

La falta de seguridad en estas áreas no solo pone en riesgo la vida de los habitantes, sino que también afecta la movilidad y las actividades económicas de quienes dependen de estas vías para su sustento diario, según los mismos habitantes del sector.
La vía Suaza-Florencia es una ruta clave para el transporte de bienes y personas entre los departamentos de Huila y Caquetá, lo que hace que cualquier alteración en su seguridad tenga un impacto significativo en la región.
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Los transportadores y familias que transitaron por el lugar durante el domingo vivieron momentos de tensión ante la presencia de los hombres armados.
Se espera que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad a los habitantes del sector y proteger sus derechos.
Graves denuncias sobre “campamentos de resocialización” en El Catatumbo: Human Rights Watch alerta sobre violaciones de derechos humanos
En medio de la compleja situación de violencia que afecta a la región de El Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, Human Rights Watch (HRW) ha revelado preocupantes denuncias sobre la existencia de lo que han denominado “campamentos de resocialización”.

Según el informe más reciente de la organización, estos espacios habrían sido implementados por el Frente 33, una disidencia de las extintas Farc para someter a civiles bajo su control.
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Las víctimas señalan que estas instalaciones funcionan como una especie de campo de concentración, donde son llevadas personas sospechosas de colaborar con las autoridades o de incumplir las normas impuestas por el grupo armado.
De acuerdo con HRW, los testimonios recopilados describen un panorama alarmante en esta región fronteriza con Venezuela, donde desde enero de 2025 se ha intensificado el conflicto entre el ELN y el Frente 33 por el control de las rutas del narcotráfico. Estas rutas, que atraviesan la frontera, son clave para el tráfico de drogas hacia el exterior.
En este contexto, los llamados “campamentos de resocialización” habrían sido establecidos en 2024, coincidiendo con un cese al fuego decretado por el gobierno colombiano como parte de las negociaciones de la política de “paz total” liderada por el presidente Gustavo Petro.
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