La audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otras doce personas, programada inicialmente para el 1 de abril de 2025, fue aplazada nuevamente.
Según informó el Juzgado 31 Municipal de Función de Garantías de Medellín, la decisión se tomó debido a que el abogado del exsecretario Carlos Mario Montoya Serna tenía un compromiso judicial previamente agendado que coincidía con la fecha y hora del proceso.
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De acuerdo con la resolución judicial, el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, representante de Montoya Serna, solicitó la reprogramación de la diligencia argumentando que desde noviembre de 2024 ya se habían fijado varias fechas para un juicio oral en otro caso en el que también participa.
Este proceso, que se llevará a cabo en el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de La Ceja, está programado para los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de abril de 2025, todos a las 2:00 p. m., lo que imposibilita su asistencia a la audiencia de imputación en Medellín.
Este es el segundo aplazamiento del proceso judicial. Según detalló el juzgado, la primera postergación ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando el abogado de Daniel Quintero Calle solicitó más tiempo para preparar la defensa técnica.
Además, otro abogado involucrado en el caso informó que no podría asistir debido a compromisos personales y profesionales, incluyendo una ceremonia de grados de maestría y un proceso en la Corte Suprema de Justicia.
El proceso judicial en cuestión busca imputar cargos por delitos relacionados con la administración pública, entre ellos peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
Además del exalcalde Daniel Quintero Calle, la lista de implicados incluye a varios exfuncionarios de su administración y representantes legales de empresas privadas.
El caso Aguas Vivas tiene su origen en un acuerdo expedido en 2014 por el Consejo de Medellín, que establecía que el ecoparque en cuestión debía estar protegido por razones ambientales, prohibiendo cualquier tipo de construcción en el área.
Según la Fiscalía, las decisiones tomadas durante la administración de Quintero habrían contravenido esta normativa, lo que derivó en la adquisición de un lote que, presuntamente, estaba sobrevalorado.
El exalcalde, sin embargo, ha argumentado que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Según detalló, el problema se remonta a 2019, cuando Federico Gutiérrez, en el último día de su mandato, firmó un contrato que comprometía a la administración siguiente a recibir el lote como pago anticipado, con un valor estimado de 44.000 millones de pesos.
Quintero aseguró que este contrato incluía un decreto que, según él, fue firmado de manera irregular. “Desde el 2022 ya habíamos hecho la denuncia por este caso a la Fiscalía, incluso después de tratar de arreglarlo”, afirmó.
Quintero defiende su gestión y cuestiona las motivaciones detrás del proceso
En su defensa, Quintero ha señalado que su administración intentó corregir las irregularidades heredadas del gobierno anterior. Según explicó para el medio W Radio, el contrato firmado por Gutiérrez establecía que la cesión del lote no sería válida si los propietarios no realizaban ciertas obras, las cuales, según Quintero, nunca se llevaron a cabo.
Además, mencionó que el Consejo de Estado habría declarado la nulidad absoluta del contrato, lo que, en su opinión, refuerza su postura de que no había obligación de pagar por el lote.
“Esta es la acusación más absurda”, expresó Quintero, refiriéndose a los señalamientos de la Fiscalía. “Dijeron que no podíamos terminar el contrato y que teníamos que pagar un lote sobrevalorado”.
El exalcalde también cuestionó las verdaderas intenciones detrás del proceso judicial, sugiriendo que podría tratarse de un intento por afectar sus aspiraciones políticas. “¿Me acusan por terminar un contrato que debía terminar? ¿Me acusan por no pagar una plata que no teníamos que pagar? o lo que hay acá es un interés de sacarme la campaña presidencial”, declaró.
El caso Aguas Vivas no solo ha puesto en el centro del debate la gestión de recursos públicos en Medellín, sino que también ha generado tensiones políticas entre Quintero y Gutiérrez, quienes han sido rivales en el ámbito político.
Las acusaciones contra Quintero han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de desacreditar su figura pública, mientras que otros consideran que el proceso judicial es una oportunidad para esclarecer posibles irregularidades en su administración.
Por su parte, Quintero ha insistido en que las investigaciones deben enfocarse en las decisiones tomadas durante el mandato de Gutiérrez, a quien acusa de haber firmado un contrato que comprometió recursos públicos de manera indebida.
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