Solicitan a la JEP investigar a la senadora Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, como responsable de violencia sexual en las Farc

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) presentó una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que la senadora Sandra Ramírez, por el Partido Comunes, también conocida como “Griselda Lobo”, sea vinculada como máxima responsable dentro del macrocaso 07, el cual investiga los crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

La petición, radicada ante la Sala de Reconocimiento de la JEP y dirigida a la magistrada Lily Andrea Rueda, argumenta que Ramírez, en su papel de liderazgo dentro de las extintas Farc-EP, tuvo conocimiento de prácticas como esclavitud sexual, abortos forzados y reclutamiento de menores. De acuerdo con Fevcol, su responsabilidad radica no solo en el conocimiento de estos hechos, sino en su presunta omisión, promoción o silencio, lo que habría contribuido a la perpetuación de estos crímenes dentro de la estructura guerrillera.

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El documento presentado por Fevcol —al que tuvo conocimiento la cadena radial W Radio—, no se centra en una orden directa de Sandra Ramírez sobre estos crímenes, sino en su influencia dentro de la organización. En particular, se destaca su cercanía con el Secretariado de las Farc y su rol como figura femenina influyente en la estructura de mando de la guerrilla. Según la petición, su relación con Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda o “Tirofijo”, y su participación en decisiones estratégicas dentro del grupo armado refuerzan su responsabilidad indirecta en estos hechos.

El abogado que representa a las víctimas argumentó que el derecho internacional contempla figuras como la “contribución significativa” y la “responsabilidad por omisión”, que fueron reconocidas por la Corte Penal Internacional y podrían aplicarse al caso de Ramírez, de acuerdo con la fuente citada. En este sentido, la petición sostiene que, debido a su posición de poder y cercanía con los integrantes de las Farc, su inacción o permisividad frente a estos crímenes constituye una forma de responsabilidad.

Evidencia presentada

Fevcol apoya su solicitud en diversos testimonios de excombatientes, así como en informes entregados a la JEP y en declaraciones recogidas en medios de comunicación. En estos documentos se señala a Ramírez como conocedora de los abusos sufridos por niñas y mujeres dentro de la guerrilla. Además, se menciona que, tras la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Estado, en 2016, desempeñó un papel activo como vocera del Partido Comunes, negando en reiteradas ocasiones la existencia de una política sistemática de violencia sexual en las Farc.

La solicitud también hace referencia a normativas internacionales que respaldan la exclusión de los crímenes de violencia sexual de cualquier tipo de amnistía. En particular, menciona el Estatuto de Roma, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y el propio Acuerdo de Paz, que establece que los delitos de esta naturaleza no pueden ser considerados conexos al delito político y, por ende, no pueden recibir beneficios judiciales.

¿De qué se trata el macrocaso 07, de la JEP?

El macrocaso 07, en el que se pide la vinculación de Sandra Ramírez, investiga la violencia sexual, los crímenes reproductivos y otros delitos de género cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. La JEP ha señalado que estos delitos fueron sistemáticos y que, en muchos casos, ocurrieron en escenarios de reclutamiento forzado de menores, lo que agrava la responsabilidad de los perpetradores.

Desde su apertura, el caso ha recibido información de diversas organizaciones de víctimas, excombatientes y entidades de derechos humanos, que documentaron la manera en que estos crímenes formaban parte de una estructura de dominación dentro de la guerrilla. La solicitud de Fevcol busca que Ramírez sea incluida en la lista de responsables de estos hechos y que, en caso de ser encontrada responsable, se le impongan las sanciones correspondientes dentro del marco de la justicia transicional.