La reciente crisis por la falta de medicamentos que, según el Gobierno nacional, se trataría de una estrategia de acaparamiento para deslegitimar su intento por aprobar la reforma a la salud, sigue siendo un tema crítico en el país.
De hecho, en la mañana del domingo 30 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “inaceptable” que las tensiones y problemas financieros del sistema de salud en Colombia afecten directamente a los pacientes.
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En una entrevista concedida a El Espectador, la defensora señaló que la falta de disponibilidad de fármacos, especialmente para enfermedades crónicas y tratamientos críticos como el cáncer, se ha intensificado en los últimos meses, lo que refleja una crisis estructural en el sistema de salud del país.
“Es inaceptable que las disputas sobre deudas y sobre los problemas de financiación se trasladen a los pacientes. Entre todos debemos encontrar soluciones efectivas. Me refiero al Gobierno nacional, los gobiernos locales, las entidades de control y vigilancia, el Ministerio Público y a los actores privados”, comentó Marín al diario nacional.
De acuerdo con la defensora, aunque el desabastecimiento total de medicamentos no es generalizado, los problemas de disponibilidad son cada vez más frecuentes.
Esto significa que, aunque los medicamentos estén presentes en el mercado, no llegan a los pacientes que los necesitan debido a fallas en la logística, cambios en las redes de distribución y disputas financieras entre los actores del sistema.
Según comentó Marín a El Espectador, la situación es particularmente grave en regiones como el sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Nariño, Vichada y Guainía, donde la entrega de medicamentos esenciales es irregular.
“El monitoreo permanente que realizamos, también indica que los medicamentos esenciales con problemas de disponibilidad, son aquellos que tratan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y dolencias tiroideas. Además, es preocupante la falta de continuidad en la entrega de los que se requieren para tratamientos de cáncer y de pacientes con trasplantes”, señaló la defensora.
Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, las quejas relacionadas con el derecho a la salud han aumentado exponencialmente en los últimos años.
Entre 2023 y 2024, las reclamaciones por fallas en la prestación del servicio crecieron un 75,7%, y en lo que va de 2025, la tendencia apunta a un agravamiento aún mayor. En el caso específico de los medicamentos, las quejas por negaciones, entregas incompletas y retrasos aumentaron un 30% en comparación con 2024 y un 67% respecto a 2023.
La Defensoría también ha señalado que los mecanismos judiciales, como las tutelas, que históricamente han sido una herramienta para garantizar el acceso a la salud, están perdiendo efectividad.
“Estos mecanismos ya no son suficientes para garantizar la atención requerida lo que deriva en que los usuarios han quedado sin herramientas efectivas para hacer valer sus derechos. Esta situación no solo agrava el deterioro del sistema, sino que puede poner en riesgo la vida de quienes requieren el acceso oportuno a los servicios”, indicó Marín al medio nacional.
Entretanto, la defensora del Pueblo señaló que el Ministerio de Salud, a través de su sistema de monitoreo, ha identificado que el desabastecimiento total de medicamentos afecta actualmente a solo cuatro fármacos, mientras que otros seis están en riesgo de desabastecimiento.
Marín señaló que esta problemática tiene raíces estructurales, relacionadas con cambios abruptos en las redes de dispensación, problemas de pago y flujo de recursos, y disputas financieras entre los actores del sistema de salud. Estas tensiones habrían generado bloqueos en el despacho regular de medicamentos, afectando especialmente a las regiones más vulnerables del país.
Ante esta situación, la defensora del Pueblo propuso la creación de Puestos de Mando Unificado (PMU) en materia de salud, que integren a distintas instituciones estatales y actores del sistema para dar soluciones inmediatas a los problemas de disponibilidad de medicamentos.
“Esta propuesta que ha sido ampliamente acogida, busca que las personas reciban los servicios y los medicamentos, de manera oportuna, a través de mecanismos especiales que acordemos. Se trata de explorar y poner en marcha todas las medidas administrativas disponibles para atender los casos, para implementar las órdenes judiciales o para evitar que se requiera la intervención judicial sin perjuicio de que estas se presenten cuando sea necesario”, indicó la funcionaria.
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