La Alcaldía de Bogotá anunció que cobrará por el uso de antejardines a restaurantes y establecimientos comerciales

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá avanza en la implementación de una medida que busca regular y cobrar por el uso de los antejardines de inmuebles en ejes comerciales, una práctica común entre restaurantes y otros negocios que han aprovechado estos espacios para ampliar su capacidad operativa.

La iniciativa se da en medio de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2021, que permite el aprovechamiento económico del espacio público bajo ciertas condiciones.

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Aunque la medida promete destinar los recursos recaudados a la mejora del espacio público, ha generado preocupación entre los comerciantes, que consideran que podría afectar sus ingresos.

De acuerdo con la normativa distrital, los antejardines son considerados “espacios privados de uso público”, lo que significa que, aunque pertenecen a los propietarios de los inmuebles, deben estar libres de construcciones y priorizar el tránsito peatonal.

Sin embargo, muchos negocios han utilizado estos espacios para instalar mesas y sillas, cerrando el perímetro y ampliando su capacidad sin pagar al Distrito. Ahora, el IDU busca regular esta práctica mediante un esquema de permisos temporales y un sistema de retribución económica que se calculará en función del valor del metro cuadrado, el avalúo comercial del inmueble y la duración del permiso.

El borrador del proyecto de reglamentación fue sometido a consulta pública entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, periodo durante el cual se recibieron 41 observaciones.

El IDU está analizando e incorporando algunos de estos comentarios antes de emitir la versión definitiva de la norma. La medida aplicará únicamente a predios ubicados en ejes comerciales, definidos como calles con alta concentración y diversidad de comercios, y establecerá requisitos específicos para los negocios interesados en obtener el permiso.

El trámite para la autorización temporal incluirá la presentación de al menos 12 documentos, entre ellos el Registro Único Tributario (RUT), fotografías y planos del espacio. Además, los comerciantes deberán comprometerse a garantizar la continuidad del tránsito peatonal y de biciusuarios, evitar cubiertas o encerramientos permanentes y utilizar estructuras desmontables.

La autorización podrá solicitarse por un periodo mínimo de un día y máximo de dos años, con posibilidad de prórroga por el mismo plazo inicialmente otorgado.

El esquema de cobro propuesto por el IDU ha generado inquietud entre los comerciantes, especialmente en el sector gastronómico. Según cifras de la Cámara del Sector Gastronómico de la Andi, en Bogotá operan más de 769 restaurantes que generan empleo para más de 16.260 personas.

Muchos de estos negocios han utilizado los antejardines como una extensión de sus locales, especialmente en zonas como la G y la T, donde la actividad comercial es intensa. Sin embargo, la nueva reglamentación podría representar un desafío financiero para estos establecimientos.

Juan Manuel Rivera, propietario de un café en el barrio San Luis, expresó su preocupación por el impacto económico de la medida. Según declaraciones dadas a El Espectador, Rivera cuestionó la carga adicional que este cobro representará para los pequeños empresarios. “Así sea mínimo, igual al año o dos, ¿cuánto genera? ¿Dónde está la fortaleza de un microempresario si todo lo tiene que devolver en impuestos?”, señaló.

El cálculo de la retribución se basa en una fórmula que considera el valor comercial del metro cuadrado, el área del antejardín y el tiempo del permiso.

Por ejemplo, un comerciante que desee explotar un antejardín de 10 metros cuadrados en la Zona T, donde el metro cuadrado tiene un valor mínimo de 10 millones de pesos, deberá pagar aproximadamente 7 millones de pesos por un año de uso. Este monto equivale a 700.000 pesos por metro cuadrado, y aumenta proporcionalmente según el área y la duración del permiso.

La medida también reavivó el debate sobre la naturaleza jurídica de los antejardines y el derecho a la propiedad privada. Según explicó el ingeniero Felipe Alberto Durán a El Espectador, aunque los antejardines son técnicamente espacios privados, su configuración espacial les otorga un valor público, ya que están destinados al disfrute de todos.

Así mismo, gremios como Fenalco manifestó su oposición al proyecto. En un documento enviado al IDU, la organización argumentó que la medida contradice el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, ya que los propietarios ya tributan por estos espacios a través del impuesto predial. Además, señalaron que el largo listado de requisitos para tramitar el permiso va en contravía del Acuerdo 937 de 2024, que busca simplificar los trámites en la capital.

La Cámara de Comercio de Bogotá también presentó observaciones, sugiriendo ajustes en la definición del área de actividad de proximidad y la inclusión de incentivos para fomentar el comercio y los servicios gastronómicos. Por su parte, ciudadanos como Alejandro Martínez propusieron reducir la compensación económica, permitir el pago en cuotas y autorizar encerramientos móviles para garantizar la seguridad de los clientes.

El IDU tiene la tarea de incorporar las observaciones recibidas y ajustar la medida antes de su implementación definitiva. La entidad también deberá identificar cuántos y cuáles predios en ejes comerciales estarán sujetos al cobro, un proceso que podría generar tensiones adicionales entre los comerciantes y las autoridades.

La medida, que busca equilibrar el uso privado y público de los antejardines, plantea un desafío significativo tanto para los negocios como para el Distrito. Mientras los comerciantes temen por el impacto en sus ingresos, el IDU defiende la necesidad de regular el uso de estos espacios y garantizar una retribución justa que beneficie al espacio público de la ciudad.