La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Yancelly Leal, docente adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá, por presuntamente haber presentado títulos académicos falsos para ejercer su labor en reconocido colegio de la capital.
Esta situación ha encendido las alarmas sobre la transparencia en la vinculación de docentes en la capital.
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Según el ente de control, Leal habría entregado documentos que la acreditaban como Ingeniera Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y como especialista en Pedagogía y Docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina.
La Procuraduría Segunda Distrital está verificando la autenticidad de dichos soportes, ya que, de confirmarse su falsedad, la funcionaria que ejercía en la Institución Educativa Colegio La Merced, habría incurrido en una vulneración de los principios de moralidad pública, responsabilidad y transparencia.
El organismo de control consideró la falta de la docente como “gravísima, a título de dolo”, lo que podría acarrearle sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, el caso podría derivar en un proceso penal, pues el Código Penal Colombiano establece que la falsificación de un título universitario constituye un delito de falsedad en documento público, sancionable con penas de 4 a 8 años de prisión.
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El caso de Yancelly Leal no es un hecho aislado. En marzo de 2025, la Procuraduría General de la Nación sancionó a cuatro docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Bogotá por haber presentado títulos falsos para obtener sus nombramientos. Dos de ellos, Pedro David Becerra Buitrago y César Alonso Delgado Benavides, fueron destituidos e inhabilitados por 10 años debido a la gravedad de sus acciones.
Becerra Buitrago falsificó un diploma de Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás, así como una Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por su parte, Delgado Benavides presentó documentos inexistentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que lo acreditaban como Profesional en Mercadeo y Gerente de Mercadeo.
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Otros dos docentes, Luis Alejandro Aguirre Neira y José Luis Muñoz Castrillón, confesaron su participación en la falsificación de documentos, por lo que recibieron una sanción de inhabilidad por cinco años. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento señaló que estos casos también constituyeron faltas “gravísimas cometidas a título de dolo”.
Además, en enero, el organismo de control volvió calificó como “gravísimas” las faltas de otros docentes que utilizaron títulos académicos falsos para acceder a cargos públicos o mejorar sus condiciones laborales. Como resultado, se impusieron sanciones que incluyen destituciones e inhabilidades que van desde los 5 hasta los 12 años.
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El caso más severo corresponde a Henry Navarro González, que fue destituido e inhabilitado por 12 años tras presentar un diploma falso de licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas, supuestamente emitido por la Universidad Santo Tomás. Este documento le permitió acceder a un cargo como maestro provisional en la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Kennedy, lo que derivó en la apertura de un proceso disciplinario en su contra.
Otro caso relevante es el de Carlos Andrés Uricoechea Mendoza, que recibió una sanción de 10 años de inhabilidad por haber presentado un título falso de magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos, presuntamente otorgado por la Universidad Nacional en 2022. Gracias a este documento, logró mejorar su escalafón docente y aumentar su asignación salarial.
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Asimismo, otros cuatro docentes fueron sancionados con una inhabilidad de 5 años por utilizar diplomas fraudulentos para acceder a distintos cargos en instituciones educativas del país. Se trata de Omar Arturo Cuestas Torres, Alexánder Rosero Recalde, Luz Dary Mora Hernández y Sandra Janeth Urbina Pulido, que admitieron los hechos durante el proceso disciplinario, obteniendo así una reducción en sus sanciones.
La reiteración de estos casos evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de documentos en el sector educativo. El Ministerio Público ha advertido que continuará ejerciendo vigilancia sobre los procesos de selección de docentes para evitar que personas sin la debida formación accedan a cargos públicos mediante el fraude.
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