
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, enfrenta un desafío crucial debido al riesgo de prescripción de los delitos que se le imputan. Pese a eso, en la mañana del 28 de marzo se reanudó el juicio con el exmandatario.
El jueves 27 de marzo, la jueza 55 de conocimiento en Bogotá rechazó una recusación presentada por la defensa del exmandatario, lo que permitió la reanudación de las audiencias.
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La recusación había sido interpuesta por Jaime Granados, abogado de Uribe, quien argumentó que la jueza Sandra Heredia no estaba garantizando la imparcialidad del proceso. Según la defensa, las intervenciones de la magistrada reflejaban un posible prejuzgamiento. Sin embargo, la juez de conocimiento desestimó estas acusaciones, confirmando la legalidad de su actuación y despejando el camino para que el juicio continúe.
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Durante este juicio que enfrenta el expresidente Uribe, la abogada Ángela Milena López, defensora de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, ofreció un testimonio que arroja luz sobre las supuestas dinámicas entre exparamilitares y el círculo cercano del exmandatario.
López relató cómo su cliente le comunicó que tres exparamilitares detenidos en la cárcel La Picota buscaban contactar a Uribe o a personas de su entorno para compartir información sobre hechos relacionados con el expresidente.
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De acuerdo con el testimonio de López, tras aceptar actuar como intermediaria, fue citada a un hotel en Bogotá, donde se reunió con Fabián Rojas, exasesor legislativo de Uribe, y con el abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un proceso judicial vinculado a este caso.
Durante la reunión, López aseguró que proporcionó los nombres y ubicaciones de los reclusos interesados en declarar, aunque afirmó no conocer el contenido de las declaraciones que estos pretendían realizar.
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El juicio, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, se reanudó este viernes 28 tras una semana de suspensión debido a una tutela presentada por la defensa de Uribe.
Según El Tiempo, esta acción buscaba que otro juez evaluara una recusación contra la jueza Sandra Liliana Heredia, alegando falta de garantías e imparcialidad. Sin embargo, el Juzgado 55 de Conocimiento de Bogotá rechazó la recusación, permitiendo que el proceso continuara.
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La audiencia comenzó con la conclusión del testimonio de Fabián Rojas, quien respondió a una pregunta clave sobre las gestiones realizadas por Diego Cadena antes de recibir un poder notarial de Uribe en abril de 2018. Posteriormente, se dio paso al testimonio de Ángela Milena López, quien llegó a la audiencia con un retraso de una hora debido a la reprogramación de la diligencia.
Durante su declaración, López explicó que conoció a Diego Cadena entre 2010 y 2011 en la cárcel La Picota, donde ambos trabajaban en casos relacionados con extradiciones. Según detalló a la fiscal Marlenne Orjuela, en 2018 su cliente, alias Cesarín, le informó que tres compañeros de patio deseaban contactar a alguien cercano a Uribe para brindar declaraciones sobre ciertos hechos.
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Aunque López no recordaba con precisión los nombres de los interesados, mencionó a Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, y a Giovanny Cadavid Zapata, entre otros.
López relató que fue convocada a un hotel en Bogotá, donde conoció a Fabián Rojas y posteriormente a Diego Cadena y al coronel Germán Ricaurte, exdirector de la cárcel de Cómbita. Según su testimonio, Cadena tomó nota de los nombres y ubicaciones de los reclusos, mientras que ella se limitó a actuar como intermediaria, sin involucrarse en el contenido de las declaraciones. La reunión, según López, tuvo una duración aproximada de 15 minutos.
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Uno de los puntos más relevantes del testimonio de López fue la redacción de dos cartas firmadas por los exparamilitares interesados en declarar. Estas cartas, enviadas a la Corte Suprema de Justicia, contenían acusaciones contra el senador Iván Cepeda, quien es contraparte de Uribe en este proceso.

En una de las cartas, Giovanny Cadavid Zapata aseguró que Cepeda le ofreció ayuda legal si testificaba contra los hermanos Uribe. Otra carta, atribuida a Máximo Cuesta, alias Sinaí, señalaba que la abogada Mercedes Ardila Arroyave, supuestamente en compañía de Cepeda, les propuso entregar información sobre fosas comunes a cambio de reducciones de pena. Un tercer documento, firmado por Elmo José Mármol Torregrosa, alias el Poli, reiteraba acusaciones similares.
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López afirmó que redactó dos de las cartas a petición de Diego Cadena, pero insistió en que no prestó atención al contenido de las mismas, ya que consideraba que solo estaba haciendo un favor. Además, negó haber incluido números de radicación de procesos judiciales en los documentos.
El testimonio de López también generó interrogantes sobre su rol en las reuniones. La fiscal Orjuela cuestionó a la abogada por presentarse como defensora de Cesarín, mientras que Fabián Rojas declaró que ella se identificó como asesora del coronel Ricaurte. López negó esta afirmación y reiteró que su participación se limitó a facilitar el contacto entre los reclusos y el equipo de Uribe.
Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Uribe, Jaime Granados, preguntó a López si había sido contactada previamente por otros reclusos en relación con el expresidente.
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