
Como María Alejandra Brancho Sulbarán fue identificada la ciudadana venezolana que fue enviada a la cárcel en Medellín, luego de ser capturada por engañar a jóvenes provenientes de su mismo país, que llegaban a Colombia convencidas con la idea de que tendrían una mejor calidad de vida, pero terminaban en un infierno completo.
Sin embargo, todo eran ofertas laborales falsas en las que terminaban cayendo las víctimas que al final eran obligadas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en la capital de Antioquia.
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Este anuncio se hizo por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado que se emitió la mañana del miércoles 26 de marzo de 2025, y en el que se detalló que las jóvenes venezolanas llegaban a Colombia con la idea que iban a trabajar en la confitería, pero al final terminaban retenidas en un inmueble.
De acuerdo con la información que brindó un fiscal del Centro de Atención integral a las Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), a Brancho Sulbarán, de 40 años, se le imputó el delito de trata de personas con fines de medición ajena y explotación sexual. La hoy detenida aceptó cargos.
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En consecuencia un juez penal de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los casos por los que enviaron a la cárcel a la ciudadana venezolana
En uno de los casos que quedaron consignados como parte del acervo probatorio, entre marzo y abril de 2022, se conoció que Brancho Sulbarán contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en la confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, “tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Aures (comuna 7 de Robledo) y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño”, explicó el comunicado del ente investigador.
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Tras ser sometidas a esta clase de maltratos y explotación sexual, las dos jóvenes venezolanas lograron escapar luego de dos semanas y denunciaron antes las autoridades, y gracias a esto fue que se inició la indagación que dio con la detención de la presunta agresora de 40 años, y que esperara tras las rejas la decisión final que tome el juez que lleva el caso.

Red de explotación sexual que cayó en Colombia pretendía enviar a tres menores a Estados Unidos
Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos logró desarticular una red de explotación sexual infantil que operaba en varias ciudades colombianas.
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Esta organización criminal tenía todo preparado para trasladar a tres menores de 14 años desde el municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, hacia Estados Unidos, informó el diario La Patria, de Manizales.
El operativo, que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2025, incluyó allanamientos y capturas en Bogotá, Medellín (Antioquia) y Anserma (Caldas). Como resultado, seis personas fueron detenidas, entre ellas una pareja de hermanos señalada como los principales responsables de la red.
Las autoridades colombianas lograron frustrar el traslado de las menores gracias a un trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de actividades en redes sociales como TikTok, Facebook y WhatsApp, plataformas utilizadas por los delincuentes para captar a sus víctimas.
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Redes sociales como herramienta de captación
Las redes sociales jugaron un papel clave en el modus operandi de esta organización. Los criminales utilizaban estas plataformas para contactar a menores de edad, ganarse su confianza y persuadirlas de participar en actividades que, bajo falsas promesas, las llevarían a situaciones de explotación sexual.
El desmantelamiento de esta red fue posible gracias al operativo denominado Pescador, una estrategia implementada por las autoridades colombianas para combatir la trata de personas y la explotación sexual.
Las diligencias de allanamiento y captura contaron con el apoyo de equipos especializados que se trasladaron desde Bogotá hacia las ciudades involucradas. Este esfuerzo conjunto permitió no solo la detención de los seis implicados, sino también la recopilación de pruebas que serán fundamentales en el proceso judicial.
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Los capturados deberán responder por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad agravado, trata de personas, actos sexuales con menor de 14 años agravado, estímulo a la prostitución y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad.
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