La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro del sistema de salud en Colombia, evidenciado en el incremento del 75,7 % en las quejas sobre fallas en la atención médica durante los últimos dos años.
Este aumento estaría reflejando graves problemas de acceso y calidad en los servicios esenciales.
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Para la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la situación ha llegado a un punto crítico y exige respuestas inmediatas.
“La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, afirmó.
Uno de los mayores problemas es la demora en la atención de especialidades médicas, cuyos tiempos de espera han aumentado de manera preocupante, pasando de 4.262 quejas en 2022 a 9.349 en 2024.
A esto se suman fallas en el acceso a otros servicios médicos esenciales, lo que ha generado un alza en las denuncias, de 4.607 a 7.714 en el mismo periodo.
Además, los retrasos en la entrega de medicamentos han afectado a miles de pacientes, duplicando las quejas en dos años y pasando de 2.123 a 5.284 reportes. También preocupa el incumplimiento de tutelas y órdenes judiciales, pues muchas decisiones a favor de los pacientes no han sido acatadas, dejándolos sin la atención requerida.
El panorama es aún más crítico en regiones como Bolívar, Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle del Cauca y Nariño, donde la escasez de recursos y la precariedad en infraestructura agravan la crisis.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha propuesto una serie de medidas urgentes para evitar un colapso mayor. Según la entidad, es fundamental establecer Puestos de Mando Unificado en Salud en las zonas más afectadas, garantizar el cumplimiento del Auto 007-2025 de la Corte Constitucional sobre la financiación del sistema y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios médicos, lo que implica fortalecer la red hospitalaria y agilizar la entrega de medicamentos.
Para Marín Ortiz, la crisis no debe convertirse en una excusa para retrasar soluciones. “El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible”, sostuvo.
Además de las acciones inmediatas, la defensora insistió en la necesidad de un debate estructural sobre el futuro del sistema de salud. Para ella, cualquier reforma debe garantizar la sostenibilidad financiera, mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer las condiciones laborales del personal médico.
También advirtió que la discusión no debe convertirse en una confrontación política, sino en una oportunidad para solucionar problemas estructurales.
Mientras el país enfrenta dificultades crecientes en la atención médica, el debate sobre la reforma continúa en el Congreso sin una ruta clara, generando incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.
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