
La fuerte ola invernal que vivió Piojó (Atlántico), en noviembre de 2022, provocó que por lo menos 100 familias perdieran sus viviendas. Por ello, una de las promesas del Gobierno nacional, en cabeza de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), fue lograr el reasentamiento de las familias para evitar que ocurriera una nueva tragedia en esa zona del país. Sin embargo, al día de hoy, el proyecto presentaría serios inconvenientes y falta de avances.
Así lo determinó la Contraloría General de la Nación en la mañana del viernes 21 de marzo, tras llevar a cabo una mesa técnica con funcionarios de la Ungrd. Para el vicecontralor Carlos Zuluaga, el proceso de reasentamiento “ha sido un verdadero desastre”, a la vez que solicitó acciones inmediatas por parte de la Ungrd.
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Durante una visita al sector del cementerio, la zona más afectada por la tragedia, Zuluaga expresó su preocupación por la lentitud y la ineficacia de las intervenciones realizadas hasta ahora. “(...) no hay un plan integral de reconstrucción. Lo que hay es un diagnóstico que confirma lo que advertimos hace más de un año: el terreno adquirido no es apto para el reasentamiento”, afirmó el funcionario, citado por El Heraldo.Según determinó Zuluaga, la Ungrd adquirió un lote por $1.200 millones a cuatro kilómetros del casco urbano, pero posteriormente descartó el proyecto debido a la lejanía del terreno.
Asimismo, señaló que “no se han pagado los auxilios de arriendo que reciben las familias, mientras que el lote comprado quedó abandonado. Esto demuestra una falta de planificación y compromiso por parte de la Ungrd”.
La entidad también destacó que, hasta la fecha, no se han esclarecido las causas exactas del desastre invernal que afectó a Piojó en 2022. Esta falta de claridad, sumada a la ausencia de un cronograma de intervención concreto, ha generado un clima de descontento y desesperanza entre los damnificados. “Es preocupante que no sepamos cuántos recursos se van a invertir en Piojó ni cuáles son las acciones inmediatas para atender esta problemática”, enfatizó Zuluaga.
La Ungrd defiende su gestión y anuncia nuevos estudios
Por su parte, la Ungrd aseguró que está trabajando en estudios técnicos para determinar si es viable reconstruir las viviendas en la zona afectada o si es necesario buscar una nueva ubicación. Según explicó un directivo de la entidad durante la mesa de trabajo con la Contraloría, estos estudios permitirán evaluar las condiciones actuales del terreno y tomar decisiones informadas sobre el futuro de las 103 familias damnificadas.
“Este análisis no se limita al predio adquirido, sino que también considera la posibilidad de retornar a la zona donde ocurrió el desastre, siempre y cuando las condiciones lo permitan”, detalló el funcionario. También aclaró que esperan publicar el proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) antes de finalizar marzo, con el objetivo de adjudicar los contratos necesarios para iniciar las obras en el segundo semestre del año.
No obstante, la Ungrd reconoció que el proyecto de reubicación estaba prácticamente paralizado cuando asumieron la gestión. “Cuando llegamos, el proceso estaba congelado. Solo se había adquirido un pedazo de terreno que ni siquiera estaba completamente englobado. Ahora estamos solucionando problemas relacionados con hipotecas y títulos para avanzar”, explicó el directivo.
Ante la gravedad de la situación, la Contraloría otorgó a la Ungrd un plazo de cinco días para presentar un plan de intervención claro y detallado, el cual debe incluir un cronograma específico y un presupuesto definido para atender las necesidades de las familias damnificadas. De igual modo, anunció que se tramitarán investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación para que se tomen medidas disciplinarias contra los responsables de la gestión deficiente.
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