Ministerio de Salud instaló la mesa de trabajo para ajustar la UPC

Durante la instalación de la mesa de trabajo para definir el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reafirmó el compromiso de su cartera con el diálogo y la transparencia en la gestión del sistema de salud.

Durante su intervención, el funcionario señaló que una de las principales causas de la crisis que enfrenta el sistema es la corrupción, haciendo énfasis en las irregularidades detectadas en los datos reportados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

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Denuncias sobre inconsistencias en la información reportada

El ministro recordó que el Ministerio de Salud ha advertido en diversas ocasiones sobre inconsistencias en los datos proporcionados por las EPS, los cuales son utilizados para determinar el valor de la UPC, el monto que el Estado gira por cada afiliado para garantizar la cobertura del Plan de Beneficios en Salud.

“Con toda la revisión de la información reportada por las EPS tanto al Ministerio, como a la Supersalud y a la Dian, nunca habíamos visto en estos dos años largos de trabajo y análisis de la UPC, tantos datos que desvarían”, puntualizó Jaramillo.

En su análisis, Jaramillo afirmó que, tras revisar la información suministrada por las EPS al Ministerio, a la Superintendencia de Salud y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se encontraron datos contradictorios que nunca antes habían sido observados en los años de trabajo sobre la UPC.

“Estos son los datos que nos dieron a nosotros, esos son los datos con los cuales pretendían que nosotros hiciéramos una UPC. Aquí se puede aumentar del 16%, 20% o hasta el 50%, pero ¿a dónde está llegando la plata?”, dijo.

Estas discrepancias han generado preocupaciones sobre la veracidad de las cifras y su impacto en la financiación del sistema.

Uno de los casos más llamativos mencionados por el Ministro fue el de la Nueva EPS, cuyo informe evidenció un incremento de doce billones de pesos en sus gastos en un solo año, mientras que el número de afiliados solo creció un 10 % en el mismo periodo.

Para Jaramillo, estos datos plantean serias dudas sobre el destino real de los recursos y refuerzan la necesidad de una mayor supervisión.

Críticas al rol de las EPS y el cálculo de la UPC

Según el Ministro, las inconsistencias en la información han dificultado la elaboración de una UPC justa y precisa para el 2025. Señaló que algunas EPS han entregado datos “engañosos” con el propósito de influir en el cálculo de los montos asignados, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud.

“Las proyecciones de incremento que presentan van desde el 16% hasta el 50%, pero la gran pregunta es: ¿dónde está llegando realmente el dinero?”, expresó Jaramillo, cuestionando la administración de los recursos por parte de las entidades prestadoras del servicio.

Postura frente a la Corte Constitucional y la nueva mesa de trabajo

Jaramillo también se refirió a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional respecto al ajuste de la UPC. Afirmó que, si bien el alto tribunal ha señalado la presunta insuficiencia en los montos actuales, no ha presentado estudios técnicos que sustenten dicha afirmación.

“Es preocupante que una decisión de tal magnitud se base únicamente en opiniones o artículos de prensa, sin contar con un análisis claro y bien fundamentado”, sostuvo el Ministro, dejando entrever su inconformidad con la postura del tribunal.

En este contexto, el funcionario destacó la importancia de la nueva mesa de trabajo, calificándola como el “tribunal de la verdad de la salud”. Según Jaramillo, este espacio permitirá a todos los actores del sector exponer y analizar las inconsistencias detectadas, con el objetivo de garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos, basada en datos verificables.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la vigilancia y control sobre las EPS y aseguró que continuará trabajando en mecanismos que permitan fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la atención de la población afiliada al sistema de salud en Colombia.