En medio del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la defensa del coronel (r) Publio Mejía tomó la decisión de retirar los testimonios de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, que habían sido anunciados como testigos clave en el proceso. Junto a ellos, también fueron descartados 16 testimonios y 17 interrogatorios directos, lo que reduce significativamente el número de declaraciones que serán tenidas en cuenta en la etapa final del juicio.
La decisión, formalizada mediante un documento de desistimiento probatorio presentado por la defensa, indica que solo siete declarantes continuarán en el proceso, lo que sugiere que la fase de testimonios está cerca de su culminación. Dentro de los 33 testimonios que no serán considerados, se encuentran los de los generales (r) Juan Pablo Rodríguez Barragán y Leonel Gómez Estrada, que también fueron incluidos inicialmente en la lista de testigos.
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A pesar de la reducción en el número de declaraciones, el proceso mantiene testigos claves. Entre ellos se encuentra Moisés Segundo Andrades, un exparamilitar conocido con el alias 400, que tendrá un papel determinante al refutar la versión de José de Jesús Rueda Quintero, uno de los principales testigos de la acusación.
Asimismo, en las sesiones programadas para el 31 de marzo, 2 y 3 de abril, se espera la comparecencia de Nelson Llanos Quiñones, teniente del Batallón La Popa, unidad militar bajo el mando del coronel (r) Publio Mejía durante el periodo investigado. También declarará la exministra de las Culturas María Consuelo Araujo, una figura política influyente en el departamento del Cesar, así como el exgobernador de ese departamento Rafael Bolaños Guerrero.
La defensa también convocó a Heidy Zuleta Gómez, que en su calidad de Juez 90 de Instrucción Penal Militar tuvo conocimiento de 17 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’. A su testimonio se sumarán los del fiscal delegado Octavio Casas Sánchez y Heinercidec Camacho, este último un testigo civil de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), aprobado para sustentar la versión de la defensa, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso el diario El Tiempo.
Contexto del juicio y los hechos investigados
El juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Mejía es el primero de su tipo en la JEP, un mecanismo diseñado para aquellos comparecientes que no aceptan responsabilidad en los crímenes de guerra imputados. Este proceso podría marcar un precedente dentro de la jurisdicción especial, en lo que respecta a la imposición de la primera sentencia derivada de esta ruta judicial.
El oficial retirado está siendo procesado por su presunta responsabilidad en 72 muertes de personas inocentes que fueron presentadas como bajas en combate, en lo que se denominó el patrón criminal de los ‘falsos positivos’. Los hechos investigados ocurrieron entre 2002 y 2005 en zonas rurales de Pueblo Bello, Bosconia, Valledupar, La Paz y San Diego, en el departamento del Cesar.
Desde el inicio del juicio, el 18 de septiembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó pruebas y testimonios para establecer la responsabilidad del exmilitar en los hechos. La Fiscalía del mecanismo de justicia transicional expuso testimonios de víctimas, exparamilitares y subordinados del coronel en el Batallón La Popa, que declaración que Mejía tenía conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales y que estas hacían parte de un esquema de incentivos dentro del Ejército Nacional.
Modificaciones en la estrategia probatoria
El retiro de los testimonios de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y otros declarantes se suma a una tendencia en el juicio de reducir el número de pruebas testimoniales. En diciembre de 2024, la Fiscalía de la JEP ya había desistido de 41 de los 81 testimonios solicitados para sustentar el caso, quedando con un total de 22 declarantes.
De esos 22 testimonios que permanecieron, 13 provinieron de exsubalternos del coronel en el Batallón La Popa, que señalaron que este tenía conocimiento y responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales. Además, se presentaron testimonios de víctimas y exparamilitares, estos últimos considerados piezas clave para entender el modus operandi de los asesinatos selectivos de campesinos, que luego eran reportados como bajas en combate a cambio de beneficios dentro de la estructura militar.
El trasfondo de los ‘falsos positivos’
El juicio contra el coronel (r) se encuentra dentro del contexto más amplio de los ‘falsos positivos’, un fenómeno que fue documentado como parte de la ‘política de conteo de cuerpos’, implementada por la comandancia militar en la primera década de los 2000. Según esta estrategia, la priorización de bajas en combate habría generado incentivos que llevaron a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Con la nueva configuración de testigos, la defensa buscaba deslegitimar la existencia de esta política y desmontar las acusaciones en contra del coronel (r) Mejía. Al reducir la cantidad de testimonios y mantener solo aquellos que podrían favorecer su postura, la estrategia apunta a desacreditar las versiones que lo vinculan directamente con las ejecuciones extrajudiciales.
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