Durante la audiencia que solicitaron en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para solicitar medidas cautelares a la resolución que expidió el Ministerio de Ambiente para el ordenamiento territorial en la sabana de Bogotá se vivió un acalorado momento que protagonizó la magistrada Nelly Villamizar, que fue la que suspendió temporalmente la normativa la semana pasada.
La alta togada, en esa diligencia, se exaltó y ordenó a la Policía que sacará del recinto en el que estaban a la representante de la Procuraduría porque según ella estaba saboteando el proceso.
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En un video que obtuvieron en el informativo de televisión Noticias Uno, se evidencia que la operadora judicial se levanta de su asiento y la emprende contra la delegada del ente de control.
“Usted no me va a tratar de descontrolar como siempre está acostumbrada a hacerlo. Por favor me llaman a la Policía”, dijo con fuerte tono de voz durante la audiencia.
Resulta que la procuradora en ese caso le solicitó a la magistrada que resolviera primero una recusación que había hecho contra ella la ambientalista Claudia Calao por un posible conflicto de intereses en ese caso.
Sin embargo, Villamizar justificó lo ocurrido porque supuestamente la representante de la Procuraduría no presentó la solicitud cuando correspondía.
“Usted guardó silencio, tal y como lo señala el señor apoderado de Camacol y solamente solicitó aclaración”, le expresó la togada.
En ese momento la delegada del ente de control comenzó a levantar la mano para pedir la palabra y eso provocó la ira de la magistrada.
“Si usted persiste en faltarme al respeto, ordeno que la Policía la saque del auditorio”, le dijo, por lo que la procuradora guardó silencio y continuó en el audiencia, donde finalmente Villamizar decidió que se suspendiera la resolución del Ministerio de Ambiente.
La suspensión de la resolución
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió suspender el trámite de una resolución propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo era establecer lineamientos para la organización ambiental de la Sabana de Bogotá. La decisión, tomada el pasado 14 de marzo de 2025, responde a una solicitud presentada por la Empresa de Acueducto de Bogotá, que expresó inquietudes sobre el proceso llevado a cabo. La medida busca garantizar la participación de actores clave en la región, quienes no habrían sido incluidos en la elaboración de la propuesta.
La magistrada Nelly Villamizar, encargada del caso, ordenó que el Ministerio reinicie el procedimiento, asegurando la inclusión de instituciones como la CAR, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Además, dictó una medida cautelar provisional que exige revisar los documentos técnicos y pruebas relacionados con el borrador de la resolución, al no haberse dado oportunidad de controvertirlos.
La resolución fue promovida durante la gestión de la exministra Susana Muhamad y, desde su anuncio, generó tensiones con las autoridades locales. Tanto el alcalde Carlos Fernando Galán como el gobernador Jorge Emilio Rey expresaron su desacuerdo, argumentando que la propuesta afectaría significativamente el desarrollo urbanístico de la región. Uno de los principales cuestionamientos fue la ausencia de socialización y consenso con las administraciones locales, lo que generó dudas sobre la viabilidad del proyecto.
La Empresa de Acueducto de Bogotá, al solicitar la suspensión, también manifestó reparos frente al alcance e impacto de la resolución, señalando que el proceso no garantizó una participación adecuada de los actores implicados, comprometiendo así la implementación de medidas ambientales y urbanísticas en la región.
La suspensión representa un revés para el Ministerio de Ambiente, que deberá replantear su estrategia y reiniciar el procedimiento, incluyendo a las entidades locales para que revisen y, de ser necesario, controviertan los documentos técnicos.
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