Borracho intentó asesinar a sus vecinos porque le pidieron bajar el volumen de la música

Durante el domingo 16 de marzo de 2025 se viralizó a través de redes sociales un hecho violento en Montería, que fue generado por la contaminación auditiva en una zona residencial. En los videos de los afectados, que fueron publicados por Colombia Oscura, se indicó que se trata de un hombre en estado de embriaguez, que intentó agredirlos luego de que estos le solicitaran bajar el volumen de la música que reproducía desde su vehículo, identificado con las placas LAN479.

Este hecho, quedó registrado en los celulares de las víctimas, donde se demuestra la importancia de implementar medidas efectivas para controlar el ruido excesivo en el país, pues este no es el primer caso que se presenta y hay alerta, teniendo en cuenta que muchos de ellos han terminado en tragedia.

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El problema ocurrió la jornada matutina, cuando los vecinos, molestos por el alto volumen de la música, confrontaron al conductor que, en lugar de atender la solicitud, reaccionó de manera violenta, lo que terminó en un intento de agresión. Aunque el hecho estuvo a punto de culminar en tragedia, pues el criminal habría sacado un arma con la que empezó a dispararles, por lo que se espera que las autoridades den con el paradero del responsable, mientras que el caso generó todo un debate sobre la convivencia ciudadana y la necesidad de aplicar las normativas vigentes para reducir la contaminación acústica.

La Ley contra el ruido

Este caso volvió a desatar la importancia de regular esta normativa que fue sancionada el 6 de marzo de 2025 por el presidente Gustavo Petro, pues es una normativa que busca establecer reglas claras para mitigar los efectos de la contaminación acústica en el país. Aunque la implementación de la ley depende de un proceso de reglamentación que aún está pendiente y es crucial para definir los mecanismos y procedimientos que permitirán hacer cumplir las disposiciones legales.

La contaminación acústica es considerada un problema de salud pública y afecta tanto a la calidad de vida de las personas como al medio ambiente, por lo que se planteó la imposición de sanciones económicas a aquellos que incumplan los límites establecidos. Según lo estipulado, las multas se clasifican en generales y especiales, y su valor varía dependiendo de la gravedad de la infracción.

Multas establecidas

El artículo 19 de la nueva ley modifica el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, estableciendo un esquema de multas que están diseñadas para penalizar tanto el ruido excesivo como la desobediencia o reincidencia en conductas contrarias a la convivencia. Las multas generales se dividen en cuatro tipos:

• Multa Tipo 1: equivalente a dos salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que representa un monto de $108.232.
• Multa Tipo 2: corresponde a cuatro SMDLV, es decir, $216.464.
• Multa Tipo 3: asciende a ocho SMDLV, equivalentes a $432.928.
• Multa Tipo 4: la más alta, correspondiente a dieciséis SMDLV, con un valor de $865.856.

Además, la normativa establece que la reiteración de conductas contrarias a la convivencia o el desacato a las autoridades incrementará el valor de las multas, incluyendo los intereses generados y los costos asociados al cobro coactivo.

El caso ocurrido en Montería no solo demuestra la necesidad de aplicar sanciones, sino de fomentar una cultura de respeto y convivencia. La contaminación acústica no es un problema menor; sus efectos pueden ir desde molestias temporales hasta impactos graves en la salud, como estrés, insomnio y pérdida auditiva. Además, pueden terminar en tragedia, por causa de criminales que no soportan la petición.

Y es que las imágenes del altercado en Montería continúan circulando en redes sociales, generando indignación y reiterando la importancia de abordar de manera integral los conflictos relacionados con el ruido, combinando medidas legales con campañas de sensibilización y educación.

Por esta razón, los ciudadanos están a la espera de la reglamentación de la ley, no solo para controlar el ruido por el bienestar colectivo, sino para proteger a la ciudadanía.