La liberación de Albeiro Ortiz Pardo, conocido como alias el Mono, ha generado inquietud en la comunidad de Casanare. La decisión fue tomada por parte de un juez de la República ordenó su libertad debido al vencimiento de términos en el proceso judicial en su contra.
Ortiz Pardo había sido señalado como presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y acusado de participar en al menos tres homicidios en la región. La decisión judicial ha puesto en el centro del debate las deficiencias en la gestión de casos judiciales en Colombia.
Alias el Mono fue capturado el 27 de septiembre de 2024 en un operativo llevado a cabo por la Unidad de Investigación de la Policía Nacional frente a las instalaciones del Gaula Militar en Yopal, capital de Casanare.
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En su momento, las autoridades calificaron esta captura como un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en la región. Sin embargo, según detalló Casanare Online, la falta de celeridad en el proceso judicial permitió que los términos legales para su detención se vencieran, y esto derivó en su liberación.
Un caso emblemático entre los crímenes atribuidos a alias el Mono
Uno de los crímenes que motivó la captura de Ortiz Pardo ocurrió el 1 de julio de 2024 en la ciudadela La Bendición, ubicada en Yopal. Según la investigación, Wilfredo Sánchez Galindo, la víctima, fue abordado por alias el Mono, que le disparó en tres ocasiones, impactándolo en la cabeza, el rostro y el pecho. Sánchez Galindo falleció en el lugar de los hechos.
Este homicidio, junto con otros dos casos atribuidos a Ortiz Pardo, formaba parte de las pruebas presentadas por el ente acusador.
El medio local reportó que la decisión de liberar a Ortiz Pardo se debió a una presunta deficiencia en la sustentación del caso por parte de las autoridades judiciales. Estas irregularidades habrían generado retrasos significativos en el proceso, que a su vez permitieron que los términos legales para mantenerlo detenido expiraran.
La falta de avances en el caso ha generado preocupación entre los familiares de las víctimas y la comunidad, que temen por su seguridad ante esta situación que afecte el esclarecimiento de otros hechos violentos recientes en la región.
La captura de Ortiz Pardo había sido considerada un golpe importante contra las estructuras criminales que operan en Casanare en su momento. Según las autoridades, Ortiz Pardo era un presunto miembro del ELN (Ejército de Liberación Nacional), una de las organizaciones armadas ilegales más activas en Colombia, y una de las responsables de la situación de orden público que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
Sin embargo, la liberación de Ortiz Pardo ha generado críticas hacia el sistema judicial y las instituciones encargadas de la investigación. Tal es el nivel de indignación que ha suscitado esta decisión en los familiares de las víctimas, que pidieron un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.
Ellos consideran, y varios usuarios en redes sociales que han dejado sus mensajes de desaprobación sobre lo ocurrido, que ante la falta de celeridad en el proceso, no solo permitió la liberación de un presunto criminal, sino que también pone en entredicho la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia en casos de alta relevancia, y sobre todo, por delitos como homicidios o feminicidios.
Pero el caso de Ortiz Pardo pone de muestra los desafíos que, a diario, enfrenta el sistema judicial colombiano, y sobre todo en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
La falta de recursos, la sobrecarga de casos y las deficiencias en la gestión de los procesos judiciales son factores que pueden contribuir a escenarios como estos, donde los términos legales se vencen antes de que se pueda dictar una sentencia.
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