La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha confirmado que los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango comparecerán como testigos en el juicio que se adelanta contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía.
El exmilitar enfrenta un proceso por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de al menos 75 personas durante su gestión como comandante del Batallón La Popa en Valledupar, entre 2002 y 2004.
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Un proceso enmarcado en la justicia transicional
El juicio contra Mejía hace parte del macrocaso denominado “Costa Caribe”, en el que la JEP investiga crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Se ha documentado que el Batallón La Popa, bajo el mando de Mejía, habría participado en una estrategia sistemática de asesinatos de civiles, quienes posteriormente eran presentados como bajas en combate con el fin de mostrar resultados operacionales exitosos.
La decisión de llamar a testificar a los expresidentes respondió a una solicitud de la defensa del exmilitar, que busca respaldar su postura en el juicio. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP accedió a incluir estos testimonios dentro del proceso, en el marco de las pruebas que cada parte presentará para argumentar su caso.
La gravedad de las acusaciones
Mejía es uno de los 15 exmilitares imputados por la JEP en el caso de falsos positivos de La Popa. De acuerdo con la investigación, se le atribuye haber ordenado y encubierto la muerte de 75 personas, incluyendo miembros de comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, además de un adolescente y tres mujeres. Se le señala, además, de haber coordinado con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la entrega de víctimas que luego eran reportadas como guerrilleros caídos en combate.
Dentro de las pruebas documentadas, también se menciona la creación de unidades especiales como los grupos “Zarpazo” y “Trueno”, cuya labor consistía en ejecutar operaciones con el objetivo de aumentar el número de bajas reportadas. Según testimonios de otros comparecientes ante la JEP, el coronel retirado utilizó su carisma y prestigio dentro de las Fuerzas Armadas para convencer a sus subordinados de participar en estas prácticas.
Un juicio sin reconocimiento de responsabilidad
A diferencia de otros exmilitares vinculados al caso, quienes han admitido su participación y optado por colaborar con la justicia transicional para acceder a beneficios, Mejía ha mantenido su inocencia y decidido afrontar el juicio. En su defensa, ha argumentado que la Fiscalía manipuló las pruebas en su contra, llegando incluso a “desaparecer” documentos originales del batallón y a pagar testigos para incriminarlo.
En noviembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP remitió su expediente a la Unidad de Investigación y Acusación, después de que Mejía rechazara aceptar responsabilidad en los hechos imputados. Como consecuencia, su caso avanzó hacia un proceso adversarial donde la JEP determinará su grado de culpabilidad y la posible sanción que podría enfrentar, que podría llegar hasta los 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Implicaciones políticas del juicio
La participación de los expresidentes Uribe y Pastrana como testigos en este juicio podría tener repercusiones políticas, dado el debate en torno a la responsabilidad del Estado en los crímenes de falsos positivos. Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha sido un ferviente defensor de la política de seguridad democrática y ha negado sistemáticamente la existencia de una estrategia institucional para cometer estos crímenes. Pastrana, por su parte, fue presidente entre 1998 y 2002, periodo en el cual se consolidaron acuerdos de cooperación con Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, que incluyeron el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
La declaración de ambos podría influir en la percepción pública sobre el caso y sobre la responsabilidad política en estos hechos, que han sido considerados uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano.
El juicio contra el coronel retirado continúa su curso en la JEP, con la expectativa de que se esclarezcan las responsabilidades individuales en el marco de la justicia transicional, y de que las víctimas y sus familias puedan obtener verdad y reparación por los hechos ocurridos.
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