La Defensoría del Pueblo Reafirmó su apoyo a la Reforma Pensional, en un contexto marcado por el proceso judicial que cursa en la Corte Constitucional tras la demanda interpuesta por el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.
La entidad ha insistido en que el trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024 se desarrolló conforme a la normativa vigente y sin vulneraciones al principio de consecutividad.
Desde el análisis del organismo, el proceso legislativo que dio lugar a la aprobación de la reforma se llevó a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones del Congreso, garantizando que cada una de las etapas reglamentarias se surtiera de manera adecuada. En este sentido, la Defensoría enfatizó que no se presentaron irregularidades que ameriten la anulación de la norma.
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Uno de los principales cuestionamientos planteados en la demanda radica en la supuesta omisión de debate en la Cámara de Representantes, instancia en la que, según el demandante, se habría aprobado el texto sin una discusión sustancial, limitándose a acoger la versión emitida por el Senado.
Sin embargo, la Defensoría argumentó que este procedimiento no constituye una infracción al principio de consecutividad, ya que el reglamento legislativo permite que una de las cámaras acoja el articulado aprobado en la otra, siempre que se haya cumplido con los requisitos formales del proceso.
“El demandante argumenta que durante el trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024, la Cámara de Representantes omitió el debate y la votación del texto aprobado en el Senado, limitándose a acogerlo sin discusión sustancial. Esta actuación habría desconocido el principio de consecutividad, el cual exige que todo proyecto de ley sea debatido y aprobado en cuatro debates reglamentarios (art. 157 C.P.), garantizando un proceso deliberativo transparente y democrático”, se lee en el texto.
Además, la entidad resaltó que la Corte Constitucional ha mantenido un criterio de interpretación evolutiva respecto al proceso legislativo, entendiéndolo como una construcción progresiva en la que cada fase del debate contribuye a la conformación de la voluntad democrática del Congreso.
Bajo esta perspectiva, se considera legítimo que la Cámara de Representantes haya adoptado el texto aprobado previamente en el Senado sin que ello implique una vulneración del derecho a la deliberación.
El respaldo de la Defensoría a la reforma se enmarca en su visión de que el trámite de la Ley 2381 de 2024 contó con la participación activa de todas las bancadas, permitiendo un ejercicio democrático representativo.
En consecuencia, concluye que el desarrollo del proceso legislativo estuvo ajustado a derecho y, por ende, la ley aprobada mantiene su validez jurídica.
Mientras tanto, en la Corte Constitucional avanza el estudio de las demandas interpuestas contra la reforma. La más avanzada es la presentada por la senadora Paloma Valencia, la cual se encuentra en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
Se espera que en los próximos días la Procuraduría emita su concepto sobre el caso, lo que permitirá continuar con la deliberación en la Sala Plena del alto tribunal.
El desarrollo de este proceso judicial será clave para determinar el futuro de la Reforma Pensional, que ha sido objeto de amplios debates en distintos sectores políticos y sociales. La decisión de la Corte Constitucional definirá si se mantiene la validez de la ley o si, por el contrario, se requiere una revisión profunda de su trámite legislativo.
“En el presente caso nuevamente se defiende la corte constitucional que tiene la plenaria de una cámara legislativa para aprobar el texto en los mismos términos que fue aprobado por la plenaria de la otra cámara, cuando se cumple con el deber de publicidad y se sabe el alcance de la decisión adoptada. Por tanto, se defiende la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024″, se lee en el texto emitido de la entidad.
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