La reforma laboral virtualmente se hundió el 11 de marzo de 2025 en la Comisión Séptima del Senado, debido a la presentación de una ponencia negativa, con la que se busca su archivo. Ocho congresistas firmaron el documento, argumento graves consecuencias para el país con la aprobación del proyecto de ley, como el incremento del desempleo y el aumento de costos laborales para los empleadores.
En todo caso, la corporación anunció que la próxima semana será debatida la iniciativa, incluso la solicitud de archivo que fue radicada en el Congreso. “No estamos negando al debate. Parece que no conocen la ley quinta; primero se radica la ponencia, se anuncia un proyecto para arrancar el debate respectivo. No hemos hecho debate”, explicó el senador Miguel Ángel Pinto (uno de los firmantes de la ponencia) en la sesión de la Comisión Séptima del 12 de marzo.
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Ante la posibilidad de que la reforma laboral se caiga en el Senado, como pasó con la primera reforma a la salud presentada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro del proyecto y de la nueva reforma a la salud que cursa en el Congreso. Asimismo, instó a la población a movilizarse en favor de ambas iniciativas.
La pulla de Iván Cepeda por decisiones cruciales del Congreso
Ahora bien, hay otro proyecto de alta relevancia que será discutido la próxima semana, junto con la reforma laboral: el que busca reducir el salario de los congresistas, que actualmente reciben cerca de $48 millones por su trabajo como legisladores.
El proyecto, radicado por el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y por más de 50 congresistas, establece una disminución del 50% de los sueldos, aproximadamente, la cual se haría efectiva a partir del 20 de julio de 2026, si se aprueba el proyecto.
Según Cepeda, no sería aceptable que los congresistas impidan el avance de la reforma laboral, mientras optan por seguir manteniendo sus ostentosos salarios, votando de manera negativa a la iniciativa que busca su reducción.
“La próxima semana el Congreso tendrá que debatir la rebaja salarial que 57 congresistas hemos propuesto. Quiero ver ante esa decisión que debe tomar el Congreso la actitud de los senadores. Si van a considerar que en este caso es injusto reformarse los salarios. Sería un espectáculo grotesco que el Congreso rechace la reforma laboral y también rechace bajarse los salarios”, indicó el funcionario ante varios medios de comunicación.
De igual manera, defendió la propuesta del presidente Gustavo Petro de adelantar una consulta popular para escuchar a la ciudadanía colombiana con respecto al futuro de la reforma laboral y a la salud. Según indicó, la iniciativa, no representa una vulneración del equilibrio de poderes, sino una herramienta democrática que servirá para aprobar los proyectos oficialistas.
“No es ningún golpe a la oposición, ni la restricción de sus derechos, ni la imposibilidad de que haya equilibrio de poderes, sino el ejercicio de nuestro derecho democrático de buscar que las reformas sociales que están en nuestro programa se hagan realidad y estamos apelando a eso por vías democráticas, eso queda totalmente claro”, precisó.
No obstante, de acuerdo con el Consejo Gremial Nacional, la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado no puede ser ignorada, porque hacer parte del ejercicio democrático, teniendo en cuenta que la misma ciudadanía eligió a los senadores y representantes a la Cámara que hoy conforman el Congreso de la República, y que cumplen con legislar.
“Mecanismos que busquen desconocer las decisiones del Congreso o ejercer presión a través de movilizaciones, generan incertidumbre, afectan la confianza en el país y profundizan la división social. La estabilidad y el desarrollo de Colombia dependen del respeto a la institucionalidad y de un debate técnico, sin imposiciones ni amenazas”, explicó.
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