Agentes de Policía habrían inmovilizado ilegalmente carros en Bogotá: les exigían millones a los propietarios para devolverlos

Un parqueadero en el municipio de Guasca, Cundinamarca, se encuentra en el centro de una investigación judicial después de que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá encontrara irregularidades sobre la llegada de vehículos inmovilizados sin ningún tipo de autorización.

Según el documento judicial obtenido por Caracol Radio, el establecimiento fue señalado como el destino de vehículos particulares que, según denuncias, han sido confiscados de manera irregular por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el informe del medio radial, los uniformados estarían involucrados en una red que intercepta automóviles con reportes judiciales y los traslada ilegalmente a este lugar, donde se exigen pagos elevados para su devolución.

La situación ha generado preocupación debido a la posible falsificación de documentos y el desacato a órdenes judiciales. Según la investigación, la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bogotá emitió un oficio el 3 de marzo de 2025, en el que compulsó copias a la Fiscalía para que investigue las actividades del parqueadero J&L, ubicado en Guasca.

Los registros indican que este establecimiento no cuenta con autorización para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial, un hecho que ha sido confirmado por la judicatura, que no registra parqueaderos habilitados para esta función desde 2019.

El caso que ha puesto en evidencia esta presunta red de irregularidades es el de Angie Paola Alarcón Garavito, quien lleva cerca de nueve meses intentando recuperar su vehículo, confiscado de manera irregular por la Policía.

Según relató a Caracol Radio, el 6 de julio de 2024, su esposo fue detenido por una patrulla policial al ingresar a Bogotá por la calle 80. Durante el procedimiento, los agentes le preguntaron si tenía deudas con la financiera que le otorgó el crédito para adquirir el automóvil, lo que generó sospechas sobre cómo los uniformados tenían acceso a esta información.

La denunciante explicó que, aunque existía una solicitud de aprehensión del vehículo desde el 18 de junio, esta indicaba que el automóvil debía ser trasladado únicamente a parqueaderos autorizados por la financiera Finanzauto. Sin embargo, el vehículo terminó en el parqueadero J&L, en Guasca, bajo circunstancias que ahora son objeto de investigación.

Dos documentos presentados para justificar la retención del automóvil han sido señalados como sospechosos. Uno de ellos, emitido por el parqueadero, asegura que el propietario solicitó que el vehículo fuera trasladado a sus instalaciones, algo que la denunciante niega rotundamente.

El segundo documento, expedido por la Policía Nacional, afirma que el automóvil fue entregado de manera voluntaria por el poseedor, con acompañamiento policial, y que no se realizó un proceso formal de inmovilización.

Alarcón Garavito calificó esta versión como absurda, señalando que no tiene sentido que alguien viaje desde Villeta hasta Bogotá para pedir a la Policía que traslade su vehículo a un parqueadero ubicado a 40 kilómetros de la capital.

Además, denunció que el parqueadero le exige un pago de aproximadamente 8 millones de pesos colombianos para devolverle el automóvil, mientras ella continúa pagando las cuotas del crédito a la financiera.

“Es absurdo pensar que yo quiera entregar mi carro, pagar grúa y una supuesta recuperación de patios de más de $7 millones, ellos quieren hacernos ver como tontos para hacer creer que mi esposo entrega el carro voluntariamente siendo real que con engaños artimañas disfrazaron la aprehensión como una supuesta entrega voluntaria por eso tienen que dejar la palabra “voluntariamente” para ocultar lo realmente sucedido”, señaló la demandante a Caracol Radio.

Entretanto, la versión del parqueadero y de la Policía se contradice con evidencia fotográfica que muestra cómo el vehículo fue inmovilizado y trasladado en una grúa hasta las instalaciones del Parqueadero J&L.

Además, un oficio del Juzgado 15 Civil de Bogotá determinó que la confiscación del automóvil se realizó con un simple pantallazo de un auto admisorio, sin una orden judicial válida. Por ello, el juzgado ordenó la devolución inmediata del vehículo a su propietaria, sin condiciones de pago.

Sin embargo, el parqueadero se ha negado a cumplir con esta orden judicial. Según Caracol Radio, los responsables del establecimiento habrían manifestado que no les importa la decisión del juez y que solo entregarán el vehículo si se realiza el pago exigido, según un video grabado por la denunciante.

La alcaldía de Guasca confirmó al medio que existen sospechas sobre las actividades irregulares del parqueadero J&L, aunque no se han emitido declaraciones oficiales por parte de los responsables del establecimiento, quienes no respondieron a los intentos de contacto realizados.