Corte Suprema fue a buscar a exmilitar condenado por acoso sexual y no estaba en su celda: investigan posibles irregularidades

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Primera Instancia, ha emitido un pronunciamiento sobre una grave irregularidad ocurrida en el caso del general en retiro Yuber Aranguren, condenado a prisión por acoso sexual. Una comisión del alto tribunal se trasladó hasta el centro penitenciario, donde Aranguren cumple su condena para notificarle una resolución sobre su sentencia, pero al llegar, descubrió que el general no se encontraba en su celda.

El incidente ha puesto en evidencia fallas en el control dentro de la prisión donde se encuentra recluido. Por ello, la Corte Suprema solicitó una investigación para determinar cómo y quién permitió su salida, sin que se tomaran las medidas de seguridad adecuadas.

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Lo que se pudo establecer es que la razón de la ausencia de Aranguren fue que este se encontraba en una cita médica odontológica, pero sin autorización previa de la Corte para salir de la prisión. Por ello, desde el alto tribunal expresaron su asombro ante el hecho, ya que este tipo de irregularidades han desatado críticas tanto dentro del ámbito judicial como en la sociedad, que exigen una pronta respuesta y una revisión de los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios, especialmente cuando se trata de personas condenadas por delitos graves.

La sentencia contra el general (r) Yuber Aranguren fue emitida el 4 de marzo de 2025, incluyó una pena de 40 meses y 12 días de prisión, una multa de 849.58 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

La Corte Suprema de Justicia determinó que Aranguren era culpable de los delitos de acoso sexual y de injuria, hechos que ocurrieron durante su tiempo al mando de la Brigada de Selva 27 del Ejército Nacional en Mocoa, Putumayo, entre junio y septiembre de 2018.

El caso surgió luego de las denuncias de una subteniente bajo su mando, quien acusó a Aranguren de acosarla sexualmente en varias ocasiones. Según los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio, Aranguren utilizó su posición de poder para someter a la oficial a un constante acoso, con comentarios obscenos y propuestas sexuales no solicitadas. Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante una reunión del Estado Mayor, cuando el general le dijo a la subteniente que “por cada grosería que yo diga, usted me da un beso”.

A lo largo de la investigación, se documentaron múltiples ocasiones en las que el general realizó comentarios de contenido sexual, como llamar a la subteniente “bizcocho” y hacer comentarios sobre su cuerpo de manera vulgar.

La defensa de Aranguren ha intentado demostrar que las acusaciones en su contra eran infundadas. A lo largo del juicio, su defensa argumentó que la víctima podría haber tergiversado los hechos y que la relación entre la subteniente y el general era conflictiva por otras razones, como la falta de adaptación al puesto en Mocoa. Sin embargo, las pruebas testimoniales y la documentación presentada por la Fiscalía y la víctima fueron suficientes para sostener la condena.

Una condena que refuerza la lucha contra el acoso sexual

El caso del general (r) Yuber Aranguren ha sido un referente en la lucha contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema de Justicia no solo condenó a Aranguren, sino que también envió un fuerte mensaje sobre la necesidad de erradicar este tipo de comportamientos dentro de las instituciones militares. En su fallo, el alto tribunal subrayó la importancia de respetar la dignidad y los derechos de las mujeres dentro del ámbito laboral, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a la jerarquía de sus superiores.

El proceso judicial también destacó el enfoque de género en la administración de justicia, lo que fue fundamental para la tipificación del acoso sexual como un delito y la consiguiente condena de Aranguren. La justicia, en este caso, se orientó a reconocer la gravedad de las conductas del general y a proteger los derechos de la víctima, quien sufrió daños psicológicos y emocionales debido al acoso sistemático.