
En un anuncio que causó polémica en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que está dispuesto a dialogar con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, si la Corte Constitucional anula el decreto de conmoción interior en la región del Catatumbo: una medida que su Gobierno ha defendido como clave para la inversión social y la seguridad en la zona, tras la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las Farc.
Desde Tibú, Norte de Santander, a donde hizo presencia en la jornada del jueves 6 de marzo de 2025, Petro explicó los alcances de la conmoción interior, y reiteró que su administración planea destinar 2,7 billones de pesos para inversiones sociales y militares en el marco de lo que denominó Pacto del Catatumbo: expuesto en detalle en el pasado Consejo de Ministros televisado, el 3 de marzo; en el que se expusieron ante la opinión pública los principales proyectos en seguridad, restitución de tierras, política agraria y de educación, entre otros.
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“Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente y entonces hay que salir para algún lado”, afirmó el mandatario, señalando que la falta de infraestructura limita el desarrollo económico de la región, que se ha visto azotada por el accionar delictivo de una estructura al margen de la ley que, según lo dicho por el primer mandatario, renunció a continuar con el proceso de paz en el territorio nacional.
Una de las iniciativas que quiere sacar adelante Petro es, justamente, la erradicación manual 25.000 hectáreas de los cultivos que dan origen al alcaloide, pues no contempla “por motivos constitucionales” la fumigación de estas zonas. “No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza fundamental para que para el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación de voluntaria de cultivos”, dijo.

Al respecto, Gloria Miranda Espitia, directora del Programa de Cultivos Ilícitos, detalló que el pago por erradicación manual buscaría respaldar la sustitución de cultivos ilegales por cultivos de pancoger, con incentivo cercano al 90 % de un salario mínimo mensual para fomentar la siembra de estos productos; es decir $1.280.000.
Los motivos por los que Gustavo Petro se reuniría con el jefe del régimen
Petro también hizo un llamado al abandono de la violencia en la zona, afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, al ser esta una ruta de transporte de la producción de base de coca por la frontera. “El acto revolucionario es abandonar la violencia, abrazarse sin armas con el pueblo”, expresó el jefe de Estado y agregó que existen alternativas económicas como el cultivo de cacao, café, cebolla y piña, que podrían potenciarse con el apoyo gubernamental.

El decreto de conmoción interior ha sido cuestionado por diversos sectores que argumentan que podría vulnerar derechos y alterar el equilibrio institucional, pues no habría motivaciones de fondo para su implementación. Es por ello por lo que la decisión final sobre su validez estará en manos de la Corte Constitucional, que tendrá que revisar su situación de legalidad, teniendo en cuenta que esta es una medida excepcional contemplada en la Constitución, cuyo tiempo de duración es de máximo 90 días, aunque prorrogables 90 días más.
Según precisó el Gobierno, se asignará $881.000 millones para atender la emergencia social en el Catatumbo, con un enfoque en defensa, y $330.000 millones para la erradicación de cultivos ilícitos.
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