Durante el segundo Consejo de Ministros televisado el lunes 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio que ha generado una intensa controversia. El mandatario presentó una nueva estrategia para combatir las economías ilícitas que afectan al Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.

Su propuesta se centra en pagar a los campesinos para que sustituyan los cultivos de hoja de coca, buscando acabar con las aproximadamente 55.000 hectáreas sembradas en la zona. Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada, especialmente por los congresistas de la región.

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Según lo expuesto por Petro, en los próximos 90 días, durante el periodo de los decretos de conmoción interior, se buscaría erradicar 25.000 hectáreas de coca, a través de una estrategia de pago a los campesinos que se comprometan a sustituir el cultivo. “Esas 25.000 hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del ELN de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio”, señaló el presidente en su intervención. El objetivo es ofrecer una alternativa económica a los campesinos que históricamente han dependido del cultivo ilícito de coca para su subsistencia.

El presidente también subrayó la importancia de titular la tierra a los campesinos como parte de la solución integral que propone su Gobierno. La propuesta, sin embargo, no ha sido recibida con el mismo entusiasmo en todo el país. En especial, los políticos de la región han expresado dudas sobre la viabilidad y efectividad de esta estrategia.

La crítica del congresista Óscar Campo

Óscar Campo, congresista de Cambio Radical y exgobernador del Cauca, se mostró muy crítico de la propuesta del presidente Petro. A través de su cuenta en X, calificó al mandatario como un “vende humo profesional”, apuntando que sus propuestas, aunque atractivas en el discurso, carecen de sustancia y resultados concretos.

“El presidente Gustavo Petro habla mucho de sustitución, pero cumple muy poco. Un vende humo profesional a costa de la buena fe del campesinado”, afirmó Campo en su publicación. Además, el congresista criticó duramente los resultados obtenidos por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), señalando que las cifras de ejecución de este programa son preocupantes: “En 2023 fue apenas del 17%, y para el 2024 llegó solo al 26%”.

Campo no solo cuestionó la falta de cumplimiento del gobierno en términos de sustitución de cultivos, sino que también destacó las deficiencias en la entrega de insumos y materiales para los proyectos productivos de los campesinos. Según su denuncia, en Norte de Santander, de las 1.565 familias que aceptaron renegociar el PNIS, “a ninguna le han entregado la totalidad de los insumos ni materiales para la implementación de sus proyectos productivos”.

“Señor presidente, usted ha llevado a muchos campesinos al peor escenario posible: por un lado, los grupos armados los presionan, y por el otro, su gobierno les incumple”, agregó el congresista, expresando la grave situación que enfrentan los campesinos en la región del Catatumbo.

Contexto de la crisis en el Catatumbo

El Catatumbo, región ubicada en el noreste de Colombia, ha sido históricamente un foco de conflicto armado y de cultivos ilícitos. En los últimos años, la zona ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, lo que ha generado una grave crisis humanitaria. Según informes de la agencia de noticias SWI, desde el 16 de enero, estos enfrentamientos han dejado al menos 71 muertos y más de 50.000 desplazados.

La región ha sido particularmente afectada por la presencia de actores armados ilegales que buscan controlar el territorio, lo que ha dejado a los campesinos atrapados entre los intereses de estos grupos y las promesas incumplidas del gobierno. En este contexto, la propuesta de Petro de ofrecer pagos para la erradicación de cultivos de coca ha sido vista por muchos como una solución superficial a un problema profundamente arraigado.

Para hacer frente a los costos de esta iniciativa, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció una asignación de 330.000 millones de pesos para el rubro de la restitución de cultivos con fines de uso ilícito. Este dinero sería destinado a financiar las actividades del PNIS y de otros sectores del gobierno, como el de defensa, en un intento por equilibrar la situación en la región.