Camacol protestó por nueva iniciativa ambiental del Gobierno que afecta a Bogotá y Petro respondió fuerte: “No pueden seguir pavimentando la sabana”

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su preocupación por las implicaciones de la reciente resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, la cual establece nuevas delimitaciones de humedales y bosques en la Sabana de Bogotá.

Según el gremio, esta medida afectará considerablemente la disponibilidad de suelo urbanizable, poniendo en riesgo la construcción de miles de viviendas en la región.

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Bloqueo de suelo y crisis en la oferta de vivienda

De acuerdo con Camacol, la normativa del Ministerio de Ambiente bloquearía aproximadamente 2.983 hectáreas de suelo urbanizable, lo que se traduciría en la imposibilidad de desarrollar cerca de 360.000 unidades de vivienda.

De estas, el 65% estaría destinado a Vivienda de Interés Social (VIS). Esta cifra representa un volumen equivalente a seis años de la oferta de vivienda nueva en Bogotá y sus alrededores, situación que el gremio califica como una amenaza para el equilibrio del sector constructor y el acceso a vivienda formal para miles de familias.

“Esta resolución impacta de manera muy negativa la construcción de vivienda en Bogotá y la Sabana, poniendo en riesgo la oferta de vivienda formal para más de 360.000 hogares bogotanos y de la región. Esto, desde luego, tendrá efectos muy negativos en materia de empleo y actividad económica, pero sobre todo congela un volumen de proyectos equivalente 6 años de producción de vivienda”, dijo Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Falta de concertación y participación

Camacol cuestionó el diseño de la normativa, asegurando que esta se elaboró sin los espacios adecuados de socialización y participación. Según el gremio, en dos ocasiones solicitó información técnica y mesas de trabajo para discutir el contenido de la resolución, pero sus requerimientos no fueron atendidos en tiempo oportuno.

“Desde Camacol Bogotá y Cundinamarca hemos sido insistentes en la necesidad de contar con espacios de participación de este proyecto de resolución, y pese a las solicitudes, solo recibimos una comunicación oficial ayer para tener un espacio un día antes de vencerse el plazo para comentarios, lo cual es a todas luces insuficiente en inoportuno”, agregó Chiriví, enfatizando la necesidad de mayor diálogo entre los actores involucrados.

Respuesta del gobierno

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), destacando la importancia de proteger los ecosistemas de la Sabana de Bogotá frente a la expansión urbana. En su mensaje, el mandatario reafirmó que la prioridad del gobierno es garantizar la sostenibilidad ambiental antes que favorecer intereses económicos.

“Camacol no puede seguir pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a nueve millones de habitantes”, expresó Petro. “Por primera vez, deben entender que la vida está primero que la codicia. Hoy le corresponde a la misma ciudadanía defender el agua de los depredadores que se la han quitado”, añadió.

El jefe de Estado también subrayó la necesidad de implementar acciones como la revitalización de áreas ambientales clave, la protección de humedales, el fortalecimiento de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y la reducción de actividades dañinas como la minería en la cuenca alta del río Bogotá. Además, llamó a un uso más eficiente del agua lluvia para enfrentar los desafíos asociados a la seguridad hídrica.

Debate entre desarrollo urbano y sostenibilidad

El anuncio del gobierno ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación ambiental en la Sabana de Bogotá. Mientras el sector constructor insiste en la necesidad de proyectos habitacionales para satisfacer la creciente demanda de vivienda formal, expertos y representantes del gobierno defienden la protección de los ecosistemas como un pilar fundamental para la sostenibilidad a largo plazo.

Por su parte, el gobierno mantiene su postura firme en defensa de los ecosistemas como un elemento clave para garantizar la seguridad hídrica y la calidad de vida de millones de personas.

El impacto de esta normativa en la economía, el empleo y el acceso a viviendas seguirá siendo objeto de análisis y controversia. Mientras tanto, el debate entre desarrollo y sostenibilidad continuará marcando el rumbo de las políticas de ordenamiento territorial, no solo en Bogotá, sino en otras regiones del país.