
Cuatro años después de que se conociera una denuncia por presuntos abusos sexuales en contra de una menor de edad y una madre gestante, la Procuraduría General de la Nación decidió actuar en el caso, abriendo un pliego de cargos contra el médico general Diego Humberto López Zapata, que en el momento de los hechos se desempeñaba en la Empresa Social del Estado (ESE) Metrosalud.
De acuerdo con la Procuraduría, las dos víctimas denunciaron que el médico habría cometido los actos dentro de su consultorio, donde el profesional aprovechó su rol médico para abusar de ellas.
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En un comunicado oficial, el ente disciplinario señaló que “en versiones entregadas a las autoridades competentes aseguran que dentro del consultorio del funcionario habrían sido víctimas de acceso carnal; todo, presuntamente, en medio de lo que debía ser una consulta médica”.

A raíz de estas denuncias, la Procuraduría está verificando si se vulneraron la libertad y la integridad personal de las víctimas, y ha calificado provisionalmente el hecho como “gravísima a título de dolo”, lo que implica que la falta del médico se considera de extrema gravedad.
El caso dio un giro importante en abril de 2022, cuando el médico López Zapata fue capturado por la Policía Nacional. Según información proporcionada por medios locales, el profesional fue arrestado en la Plaza de Mercado La Minorista, en Medellín, durante una jornada de salud y tras la orden judicial emitida por los presuntos delitos de abuso sexual contra una menor de edad y una mujer gestante.
La captura se produjo en el contexto del centro de salud Manantial de Vida Blanquizal, ubicado en la zona de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde López Zapata prestaba servicios médicos. En su momento, Caracol Radio indicó que el arresto del médico fue parte de la investigación de los presuntos delitos ocurridos en 2021.

Este caso se enmarca dentro de una creciente preocupación por la violencia sexual contra menores de edad en Colombia en los últimos años. Según las últimas estadísticas del sistema de salud colombiano, durante 2023 se registraron más de 32.000 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales un 84% de las víctimas fueron niñas, un 19% tenían alguna discapacidad y un 85% de los agresores eran conocidos de las víctimas. Además, un 22% de estos casos ocurrieron en el hogar de la víctima, lo que demuestra lo común que es que los abusadores sean personas de confianza.
El caso del médico López Zapata refleja una triste realidad: la violencia sexual no se limita a los hogares o entornos cercanos, sino que se extiende a instituciones que deberían ser seguras, como el ámbito de la salud. La denuncia de abuso sexual por parte de un profesional médico subraya la necesidad urgente de revisar y reforzar los mecanismos de protección y vigilancia en las consultas médicas y otros espacios de atención al público.

Además, el panorama de violencia sexual contra menores empeoró en 2024, cuando las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 8% con corte a octubre de ese año y en comparación con el mismo período de 2023. Según la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, las víctimas más comunes son los menores entre 6 y 12 años, quienes constituyen un 40% de las víctimas; sin embargo, los casos de abuso también afectan a niños más pequeños y adolescentes.
Los informes también indican que la mayoría de los casos de violencia sexual y explotación infantil ocurren en zonas rurales, donde la intervención estatal es más débil. En este sentido, es esencial que el Estado amplíe su presencia en estos territorios y brinde más herramientas a las autoridades locales para proteger a los menores.
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